La propuesta surgió durante la jornada de deliberación para la construcción de insumos para el nuevo proyecto de Ley de Organizaciones Políticas.
Las y los miembros de las organizaciones políticas de Santa Cruz propusieron que los recursos económicos que perciban como parte del financiamiento, ya sea público, privado o mixto, sean destinados a la formación de liderazgos al interior de las organizaciones para garantizar la renovación política.
“En caso de financiamiento indirecto y privado, en un año electoral será para la propaganda política en medios públicos y privados; y en años no electorales se podría financiar para el material, los eventos la formación, capacitación y elecciones internas de las organizaciones políticas”, plantearon en el documento que redactaron los nueve miembros de esta mesa de trabajo.
La propuesta surgió durante el debate de una de las cuatro mesas de trabajo que se instalaron en la Jornada de Deliberación para la construcción de insumos para un proyecto de Ley de Organizaciones Políticas que desarrolla el Órgano Electoral Plurinacional (OEP), en su facultad de proponer legislación relacionada al ámbito democrático.
“Hay miles de nuevos líderes que están en los municipios. Si calculamos, en cada municipio, hay miles de liderazgos que no están siendo formados porque la estructura política no tiene recursos para hacerlos. Es necesario esto que estamos manifestando”, aseveró el ex líder cívico de Santa Cruz, German Antelo.
Si bien en el documento presentado, el grupo de trabajo no expresó de forma clara las fuentes de financiamiento, para el representante de la agrupación ciudadana Autonomía para Bolivia (APB), Roberto Caballero, estos deberían provenir de lo público y su distribución debería ser de forma equitativa.
“Planteamos que el gobierno otorgue financiamiento público a todas las entidades políticas, en la misma proporción, porque antes se le daba un porcentaje mayor a quien obtenía más votos y a los otros se les daba el resto, y el partido que se le daba más se fortalecía más para las siguientes elecciones”, sostuvo Caballero.
En el caso de la fiscalización plantearon que el control debería ser mayor para los recursos públicos y en el caso de fuentes privadas se debería cuidar que no provengan de ilícitos. “Consideramos que se tienen que guardar esos equilibrios. Si hay un buen aporte del Estado a las organizaciones políticas se justifica y fundamenta que haya un fuerte control; pero si no, la fiscalización debe ser más flexible”, complementaron los miembros del grupo, después de la presentación de la propuesta.
En las otras tres mesas se abordaron temas como los principios que deben regir esta nueva ley, como la paridad y alternancia, los requisitos para la constitución de una nueva organización política, o las razones para su extinción.
La segunda mesa de debate abordó los mecanismos democráticos al interior de las organizaciones políticas, donde propusieron que sus elecciones internas deberían estar organizadas por el OEP. En la tercera mesa de debate, donde se habló sobre la participación de las organizaciones de naciones y pueblos indígenas, se planteó que ésta sea de manera directa y no a través de las organizaciones políticas, como actualmente sucede.
Estas propuestas servirán como insumos para construir una propuesta de Ley de Organizaciones Políticas, que este año se ha propuesto realizar el OEP a través de una serie de jornadas de deliberación que se desarrollarán en cada uno de los departamentos del país. En La Paz y Santa Cruz ya realizaron estas jornadas, al igual que dos talleres con las organizaciones de naciones y pueblos indígenas de tierras bajas y tierras altas.
La vocal del Tribunal Supremo Electora, Dunia Sandoval, informó que estos talleres concluirán el 23 de junio en un encuentro nacional donde se tendrán sistematizados todos estos aportes, e invitó a las organizaciones políticas a seguir trabajando sobre estos ejes y en caso de tener mayores aportes, hacerlos llegar a través de la página web del OEP: Nueva Ley de Organizaciones Políticas.
