Archivo – Opinión

Dudas, vendettas, obsesiones. ¿Es posible regular las redes sociales digitales? ¿Es deseable hacerlo? En otra lógica: ¿qué hacer para “controlar” o al menos atenuar su demostrado potencial como escenario/instrumento de guerra sucia? O mejor: ¿de qué modo alentar su energía creadora, dialógica, movilizadora, participativa? En nuestra democracia electoral, las redes sociales llegaron para quedarse, como ha quedado sobradamente demostrado en el referendo constitucional. Y bien haremos en darles la bienvenida con debate y multitud de preguntas.

Está claro que en el Órgano Electoral está la gente que va a trabajar por la re, re, re, reelección de don Evo Morales”, esta aseveración la formuló un parlamentario opositor en ocasión de la elección de los flamantes vocales del Tribunal Supremo Electoral (TSE), en julio de 2015. El propósito del presente artículo, considerando el desempeño de las autoridades electorales e independientemente de los resultados del referéndum, es objetar aquella precipitada sospecha y destacar los méritos e insuficiencias del trabajo desarrollado por el organismo electoral que, después de todo, se orienta hacia una franca recuperación de la legitimidad perdida.

A mediados del año pasado, la renovación de los vocales del Tribunal Supremo Electoral (TSE) era necesaria; el anterior se había sumergido en una marea de irregularidades y desatinos, deviniendo en una crisis de credibilidad. De allí surgió la urgencia de encarar la sustitución de los vocales, casi en parangón con los años noventa, cuando se sustituyó a la denominada “banda de los cuatro” por la presencia de personalidades notables, para restituir la credibilidad de la entonces Corte Electoral Nacional (CNE). Ahora bien, la renovación de los vocales del TSE supuso sopesar algunos criterios constitucionales: la paridad de género y etnicidad. Aparte de estos requisitos constitucionales, se debió añadir los méritos pofesionales/académicos y una probidad moral y ética fuera de toda duda, para que los nuevos vocales gocen de una credibilidad hacia la opinión pública.

Por un lado, el TSE resguarda y garantiza el acceso y la participación, en igualdad de condiciones, de actores u opciones sometidas a la decisión ciudadana; y, por otro, garantiza el derecho de las bolivianas y los bolivianos a una participación activa, libre e informada en procesos electorales y de referendo.

• La crisis

En mayo de este año, el Tribunal Supremo Electoral se quedó sin vocales. La presión de la ciudadanía y también del Ejecutivo, forzó una salida no del todo airosa de los siete. La necesidad de cambiar el TSE fue uno de los pocos temas en los que oficialismo y oposición coincidieron: el poco oxígeno de credibilidad que quedaba, se había agotado.