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Secretaría de Cámara del Tribunal Supremo Electoral (TSE) aclara que la inhabilitación de la ciudadana Luciana Campero Chávez como candidata a senadora por el departamento de Tarija se debe a la no presentación de la declaración jurada notarial que afirma no estar comprendida en los casos de prohibición de incompatibilidad e inelegibilidad establecidos en la Constitución Política del Estado (CPE).
El artículo 238 de la CPE cita:
No podrán acceder a cargos públicos electivos aquellas personas que incurran en las siguientes causales de inelegibilidad:
El documento que acredita no estar comprendido en estas causales de inegibilidad es la declaración jurada notarial.
El TSE ratifica que el procedimiento de revisión de requisitos para la habilitación de candidaturas rumbo a las Elecciones Generales 2025 se ha realizado en estricto cumplimiento de la normativa electoral, con imparcialidad, transparencia e igualdad.
No podrán acceder a cargos públicos electivos aquellas personas que incurran en las siguientes causales de inelegibilidad:
- Quienes ocuparon u ocupen cargos directivos en empresas o corporaciones que tengan contratos o convenios con el Estado, y no hayan renunciado al menos tres meses antes al día de la elección.
- Quienes hayan ocupado cargos directivos en empresas extranjeras transnacionales que tengan contratos o convenios con el Estado, y no hayan renunciado al menos cinco años antes al día de la elección.
- Quienes ocupen cargos electivos, de designación o de libre nombramiento, que no hayan renunciado a éste, al menos tres meses antes al día de la elección, excepto el Presidente y el Vicepresidente de la República.
- Los miembros de las Fuerzas Armadas y de la Policía Boliviana en servicio activo que no hayan renunciado al menos tres meses antes al día de la elección.
- Los ministros de cualquier culto religioso que no hayan renunciado al menos tres meses antes al día de la elección.
El documento que acredita no estar comprendido en estas causales de inegibilidad es la declaración jurada notarial.
El TSE ratifica que el procedimiento de revisión de requisitos para la habilitación de candidaturas rumbo a las Elecciones Generales 2025 se ha realizado en estricto cumplimiento de la normativa electoral, con imparcialidad, transparencia e igualdad.
