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Las autoridades que participaron en el taller informativo organizado por el TED Santa Cruz y la ACOCRUZ.
La presidenta de la Asociación de Concejalas de Santa Cruz (ACOCRUZ), Susana Vaca, mencionó que una de las mayores presiones que sufren las mujeres en función de autoridad se relaciona con el tema económico, lo que en muchas ocasiones deriva en acoso y violencia política.
La autoridad mencionó que existen denuncias verbales acerca de la “firma de contratos y convenios entre las organizaciones sociales y las autoridades suplentes, durante el desarrollo de las campañas electorales, documentos que en muchos casos hablaban de devolución de montos de dinero invertidos en la campaña y ahora son usados para presionar pidiendo que dejen el curul”.
Vaca dio a conocer estos detalles durante el Taller Departamental sobre Procedimientos, Renuncias y Denuncias de Autoridades Mujeres Electas en Cargos Públicos, que organizaron el Tribunal Electoral Departamental (TED) de Santa Cruz y la ACOCRUZ, y que contó con la participación de más de 52 autoridades departamentales, municipales y técnicos, entre mujeres y varones, a quienes se brindó la información necesaria para que las autoridades conozcan el procedimiento a seguir en el Órgano Electoral Plurinacional (OEP) para la presentación de renuncias y denuncias de acoso y violencia política durante el ejercicio del cargo.
Por su parte, el presidente del TED Santa Cruz, Eulogio Núñez, recordó a las y los participantes que la normativa en el país garantiza el ejercicio de los derechos políticos de las mujeres por el tiempo que fueron electas: “Concejalas y alcaldesas han sido elegidas por un periodo de mandato de cinco años y solo pueden perderlo por renuncia absolutamente voluntaria; si la renuncia es bajo presión o por acuerdo extra que está fuera de la norma, el Órgano Electoral no va a dar curso. Incluso la ley nos faculta para que, en caso de recibir casos de violencia y acoso político, remitamos los antecedentes a la Fiscalía para que vea si existe o no vulneración a la Ley 243”.
Las autoridades y técnicos, entre hombres y mujeres, de los municipios de Santa Rosa, El Torno, Cotoca, San Carlos, Puerto Quijarro, Mairana, La Guardia, San Julián, Pampa Grande, San Rafael, Boyuibe, Puerto Suárez, San Ignacio de Velasco, y las asambleístas mujeres del departamento que participaron en el taller instaron a sus colegas de otros niveles de gobierno a denunciar los casos de acoso y violencia política que pudieran estar sucediendo.
Durante el encuentro, las concejalas de los municipios El Torno, Mairana y La Guardia compartieron sus experiencias referidas al tema.
La concejala Irma Flores, de Mairana, expuso y denunció que es objeto de extorsión económica por parte de su suplente varón: “Va a buscarme al Concejo y me dice: ‘Sí o sí debes darme la plata’. Menos mal que no tiene mi número porque si no por las llamadas me estuviera presionando más; pero en sus visitas sorpresivas me dice que si no le pago me va a hacer la vida imposible”. Pese a esa presión, Flores resaltó el apoyo de las organizaciones como los sindicatos y Organizaciones Territoriales de Base (OTB), que firmaron un voto resolutivo para que ella continúe en el ejercicio del cargo.
Asimismo, Marisol Camacho, concejala del municipio de La Guardia y vicepresidenta de ACOCRUZ, presentó su caso en el panel, donde dio a conocer la extorsión económica que sufre a raíz de un documento firmado antes de que asuma el cargo: “En mi caso existe un acuerdo firmado de préstamo de dinero ficticio de 20 mil dólares, que se deben cancelar a mitad de gestión, y están amenazando con quitarme mis bienes particulares si no cumplo; a otro colega ya le congelaron su cuenta”, manifestó la autoridad.
Por su parte, Aidé Santos, concejala de El Torno, en su intervención señaló que fue objeto de una calumnia que luego fue usada para presionarla a renunciar a su cargo: “Nos presionaban para que pongamos en nuestra renuncia que sea ‘voluntaria e irrevocable’. El único respaldo que teníamos fue nuestro celular con el que habíamos grabado todo. A nosotras nadie nos defendía, me han hecho llorar; pero yo me he puesto fuerte porque estábamos con la ley”, relató.
Santos también detalló que presentaron su renuncia ante el TED Santa Cruz, donde se les realizó la entrevista correspondiente. “No hemos podido mentir. Gracias al apoyo del Tribunal Electoral seguimos asumiendo nuestro cargo como dice la ley. Además nuestro caso está en la Fiscalía y esperamos su respuesta”, acotó.
Vaca dio a conocer estos detalles durante el Taller Departamental sobre Procedimientos, Renuncias y Denuncias de Autoridades Mujeres Electas en Cargos Públicos, que organizaron el Tribunal Electoral Departamental (TED) de Santa Cruz y la ACOCRUZ, y que contó con la participación de más de 52 autoridades departamentales, municipales y técnicos, entre mujeres y varones, a quienes se brindó la información necesaria para que las autoridades conozcan el procedimiento a seguir en el Órgano Electoral Plurinacional (OEP) para la presentación de renuncias y denuncias de acoso y violencia política durante el ejercicio del cargo.
Por su parte, el presidente del TED Santa Cruz, Eulogio Núñez, recordó a las y los participantes que la normativa en el país garantiza el ejercicio de los derechos políticos de las mujeres por el tiempo que fueron electas: “Concejalas y alcaldesas han sido elegidas por un periodo de mandato de cinco años y solo pueden perderlo por renuncia absolutamente voluntaria; si la renuncia es bajo presión o por acuerdo extra que está fuera de la norma, el Órgano Electoral no va a dar curso. Incluso la ley nos faculta para que, en caso de recibir casos de violencia y acoso político, remitamos los antecedentes a la Fiscalía para que vea si existe o no vulneración a la Ley 243”.
Las autoridades y técnicos, entre hombres y mujeres, de los municipios de Santa Rosa, El Torno, Cotoca, San Carlos, Puerto Quijarro, Mairana, La Guardia, San Julián, Pampa Grande, San Rafael, Boyuibe, Puerto Suárez, San Ignacio de Velasco, y las asambleístas mujeres del departamento que participaron en el taller instaron a sus colegas de otros niveles de gobierno a denunciar los casos de acoso y violencia política que pudieran estar sucediendo.
Durante el encuentro, las concejalas de los municipios El Torno, Mairana y La Guardia compartieron sus experiencias referidas al tema.
La concejala Irma Flores, de Mairana, expuso y denunció que es objeto de extorsión económica por parte de su suplente varón: “Va a buscarme al Concejo y me dice: ‘Sí o sí debes darme la plata’. Menos mal que no tiene mi número porque si no por las llamadas me estuviera presionando más; pero en sus visitas sorpresivas me dice que si no le pago me va a hacer la vida imposible”. Pese a esa presión, Flores resaltó el apoyo de las organizaciones como los sindicatos y Organizaciones Territoriales de Base (OTB), que firmaron un voto resolutivo para que ella continúe en el ejercicio del cargo.
Asimismo, Marisol Camacho, concejala del municipio de La Guardia y vicepresidenta de ACOCRUZ, presentó su caso en el panel, donde dio a conocer la extorsión económica que sufre a raíz de un documento firmado antes de que asuma el cargo: “En mi caso existe un acuerdo firmado de préstamo de dinero ficticio de 20 mil dólares, que se deben cancelar a mitad de gestión, y están amenazando con quitarme mis bienes particulares si no cumplo; a otro colega ya le congelaron su cuenta”, manifestó la autoridad.
Por su parte, Aidé Santos, concejala de El Torno, en su intervención señaló que fue objeto de una calumnia que luego fue usada para presionarla a renunciar a su cargo: “Nos presionaban para que pongamos en nuestra renuncia que sea ‘voluntaria e irrevocable’. El único respaldo que teníamos fue nuestro celular con el que habíamos grabado todo. A nosotras nadie nos defendía, me han hecho llorar; pero yo me he puesto fuerte porque estábamos con la ley”, relató.
Santos también detalló que presentaron su renuncia ante el TED Santa Cruz, donde se les realizó la entrevista correspondiente. “No hemos podido mentir. Gracias al apoyo del Tribunal Electoral seguimos asumiendo nuestro cargo como dice la ley. Además nuestro caso está en la Fiscalía y esperamos su respuesta”, acotó.
