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La candidata al Consejo de la Magistratura, Sandra Cinthia Soto Pareja.
Sandra Cinthia Soto Pareja, candidata al Consejo de la Magistratura, propone tres ejes para superar los problemas por los que atraviesa la administración de justicia: erradicación de la corrupción, acciones para contrarrestar la retardación de justicia y fortalecer la institucionalidad del Órgano Judicial.
Para luchar contra la corrupción, la candidata manifiesta la necesidad de realizar auditorías permanentes a los procesos judiciales, implementar el agente encubierto en casos de corrupción y modificar la Ley del Órgano Judicial.
Para contrarrestar la retardación de justicia señala la necesidad de implementar medios tecnológicos, institucionalizar audiencias judiciales en recintos penitenciarios y consolidar los centros de conciliación en sede judicial.
En cuanto al Órgano Judicial, plantea fortalecer la carrera judicial y contar con un banco de personal, descentralizar funciones del Consejo de la Magistratura y reestructurar la oficina de Derechos Reales.
La candidata nació en Oruro; se tituló en Ciencias Jurídicas de la Universidad Técnica de Oruro y en Psicología de la Universidad Privada Abierta Latinoamericana. Obtuvo varios diplomados, entre los que se encuentran: Diplomado Internacional en Régimen Penitenciario, Gobernabilidad y Gerencia Política, y Acceso a la Justicia y Defensa Social.
En dos ocasiones fue Directora Departamental de Régimen Penitenciario de Oruro (2006 a 2011 y 2012 a 2017). Fue Secretaria de Hacienda del Colegio Departamental de Psicólogos de Oruro; analista y asesora jurídica de la Comisión de Educación, Salud, Derechos Humanos y Política Social de la Asamblea Legislativa Departamental de Oruro; abogada del equipo jurídico de la Pastoral Penitenciaria Católica de Bolivia, entre algunas de sus actividades.
En el sector privado, fue responsable del Programa de Atención Temprana al Desarrollo Infantil y psicóloga del Programa de Apoyo Pedagógico en el Proyecto Esperanza.
Para contrarrestar la retardación de justicia señala la necesidad de implementar medios tecnológicos, institucionalizar audiencias judiciales en recintos penitenciarios y consolidar los centros de conciliación en sede judicial.
En cuanto al Órgano Judicial, plantea fortalecer la carrera judicial y contar con un banco de personal, descentralizar funciones del Consejo de la Magistratura y reestructurar la oficina de Derechos Reales.
La candidata nació en Oruro; se tituló en Ciencias Jurídicas de la Universidad Técnica de Oruro y en Psicología de la Universidad Privada Abierta Latinoamericana. Obtuvo varios diplomados, entre los que se encuentran: Diplomado Internacional en Régimen Penitenciario, Gobernabilidad y Gerencia Política, y Acceso a la Justicia y Defensa Social.
En dos ocasiones fue Directora Departamental de Régimen Penitenciario de Oruro (2006 a 2011 y 2012 a 2017). Fue Secretaria de Hacienda del Colegio Departamental de Psicólogos de Oruro; analista y asesora jurídica de la Comisión de Educación, Salud, Derechos Humanos y Política Social de la Asamblea Legislativa Departamental de Oruro; abogada del equipo jurídico de la Pastoral Penitenciaria Católica de Bolivia, entre algunas de sus actividades.
En el sector privado, fue responsable del Programa de Atención Temprana al Desarrollo Infantil y psicóloga del Programa de Apoyo Pedagógico en el Proyecto Esperanza.
