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El Tribunal Supremo Electoral (TSE), a través del Observatorio para la Paridad Democrática, presentó este jueves 3 de mayo un informe que da cuenta de 65 casos de acoso y violencia política hacia las mujeres en el país, solo en los primeros cuatro meses de 2018.
De estos, 36 casos de denuncias fueron presentados a través de los Tribunales Electorales Departamentales (TED) y otros 19 fueron conocidos a partir de reportes de instancias como la Asociación de Concejalas de Bolivia (ACOBOL), entre otras. En cuanto a las renuncias por violencia y acoso político, el informe refiere un número de 10, de las cuales ninguna fue hecha efectiva como resultado de la aplicación del Reglamento para el Trámite de Recepción de Renuncias y Denuncias por Acoso y Violencia Política de Mujeres Candidatas, Electas o en Función Político Pública.
El documento resalta que en el departamento de La Paz se registraron 24 denuncias y una renuncia; en Cochabamba, cinco denuncias y cinco renuncias; en Santa Cruz, tres denuncias; Potosí registra tres denuncias y tres renuncias; Oruro, dos denuncias; y Chuquisaca registra una denuncia y una renuncia.
La presidenta del TSE, Katia Uriona, manifestó que del total de las renuncias recibidas en el Órgano Electoral Plurinacional (OEP), 33 corresponden a concejalas titulares y una suplente, y a una asambleísta titular con su correspondiente suplente. También precisó que el 94 % de las denuncias recibidas por acoso y violencia política en los TED fueron remitidas al Ministerio Público y que, de acuerdo al seguimiento realizado, se evidenció que el 100 % de las mujeres autoridades electas que denunciaron acoso político se encuentran en el ejercicio de su cargo. Hasta el momento, las denunciantes no volvieron a reportar hechos de acoso y violencia política.
Uriona subrayó que entre las principales razones para las renuncias existen cinco casos tipificados como acoso político por el Reglamento: cuatro como resultado de la presión ejercida por sus suplentes, al haber alcanzado la mitad de su gestión; y el quinto, que es justificado como fiscalización a las autoridades mujeres, argumento usado con fines de coacción para obligarlas a renunciar al cargo.
La Presidenta del TSE dijo que los registros de acoso y violencia política se presentan en forma de amenazas, intimidaciones, agresiones verbales, agresiones físicas y retención de personas contra su voluntad. En algunos casos, las agresiones físicas provocaron la hospitalización de dos concejalas del municipio de Vinto (Cochabamba), quienes fueron agredidas por varias personas que les produjeron lesiones graves y gravísimas con impedimento de ocho días.
Según Uriona, los agresores encontraron nuevas formas de presión, como la firma de licencias indefinidas, el inicio de procesos administrativos por supuestos malos manejos y la promoción de referendos revocatorios en contra de las concejalas titulares, entre otras.
En este contexto, velando por la vigencia de los derechos políticos de las mujeres, y asumiendo la profundización y fortalecimiento de la democracia paritaria como una prioridad, el TSE trabaja en la creación de un sistema de información y difusión sobre acoso y violencia política, orientado a contribuir en la visibilización y tratamiento institucional y jurídico de esta temática por las instancias competentes, así como realizar un acompañamiento a la situación de acoso y violencia política que están viviendo las mujeres.
En conferencia de prensa que se realizó de manera simultánea en los nueve TED, la máxima autoridad electoral informó este jueves que el Observatorio de Paridad Democrática (OPD) realizó la recolección y el procesamiento de información de esta problemática registrada entre enero y de abril de este año.
Cabe destacar que desde la aprobación del Reglamento se evidenció un incremento de los casos desde 2015 a 2018, según los datos proporcionados por los TED.
Finalmente, Uriona hizo énfasis en los procedimientos que el OEP implementa para evitar denuncias y renuncias, y para atender los casos de acoso y violencia política hacia las mujeres, entre ellos se destaca la elaboración y aplicación del Reglamento de Denuncias y Renuncias; su difusión en todos los ámbitos incluidos en esta problemática, particularmente de los TED; la remisión al Ministerio Público como parte coadyuvante para la atención de los casos; y reuniones con los concejos municipales, partidos políticos y organizaciones políticas para tomar medidas que coadyuven a frenar y prevenir la violencia política hacia las mujeres autoridades.
Asimismo, se trabaja en la difusión a mujeres autoridades electas de información que ayude a identificar las diferentes formas en las que se expresa el acoso y violencia política para incentivar la denuncia oportunamente, y de esta manera permitir el ejercicio de sus derechos políticos.
El documento resalta que en el departamento de La Paz se registraron 24 denuncias y una renuncia; en Cochabamba, cinco denuncias y cinco renuncias; en Santa Cruz, tres denuncias; Potosí registra tres denuncias y tres renuncias; Oruro, dos denuncias; y Chuquisaca registra una denuncia y una renuncia.
Uriona subrayó que entre las principales razones para las renuncias existen cinco casos tipificados como acoso político por el Reglamento: cuatro como resultado de la presión ejercida por sus suplentes, al haber alcanzado la mitad de su gestión; y el quinto, que es justificado como fiscalización a las autoridades mujeres, argumento usado con fines de coacción para obligarlas a renunciar al cargo.
La Presidenta del TSE dijo que los registros de acoso y violencia política se presentan en forma de amenazas, intimidaciones, agresiones verbales, agresiones físicas y retención de personas contra su voluntad. En algunos casos, las agresiones físicas provocaron la hospitalización de dos concejalas del municipio de Vinto (Cochabamba), quienes fueron agredidas por varias personas que les produjeron lesiones graves y gravísimas con impedimento de ocho días.
Según Uriona, los agresores encontraron nuevas formas de presión, como la firma de licencias indefinidas, el inicio de procesos administrativos por supuestos malos manejos y la promoción de referendos revocatorios en contra de las concejalas titulares, entre otras.
En este contexto, velando por la vigencia de los derechos políticos de las mujeres, y asumiendo la profundización y fortalecimiento de la democracia paritaria como una prioridad, el TSE trabaja en la creación de un sistema de información y difusión sobre acoso y violencia política, orientado a contribuir en la visibilización y tratamiento institucional y jurídico de esta temática por las instancias competentes, así como realizar un acompañamiento a la situación de acoso y violencia política que están viviendo las mujeres.
Cabe destacar que desde la aprobación del Reglamento se evidenció un incremento de los casos desde 2015 a 2018, según los datos proporcionados por los TED.
Finalmente, Uriona hizo énfasis en los procedimientos que el OEP implementa para evitar denuncias y renuncias, y para atender los casos de acoso y violencia política hacia las mujeres, entre ellos se destaca la elaboración y aplicación del Reglamento de Denuncias y Renuncias; su difusión en todos los ámbitos incluidos en esta problemática, particularmente de los TED; la remisión al Ministerio Público como parte coadyuvante para la atención de los casos; y reuniones con los concejos municipales, partidos políticos y organizaciones políticas para tomar medidas que coadyuven a frenar y prevenir la violencia política hacia las mujeres autoridades.
Asimismo, se trabaja en la difusión a mujeres autoridades electas de información que ayude a identificar las diferentes formas en las que se expresa el acoso y violencia política para incentivar la denuncia oportunamente, y de esta manera permitir el ejercicio de sus derechos políticos.
