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Autoridades del Tribunal Supremo Electoral (TSE), representantes de diferentes fuerzas políticas y expertas internacionales se reunirán en un encuentro internacional, este lunes 16 de octubre en La Paz, para analizar los avances en la implementación del régimen de despatriarcalización al interior de las organizaciones políticas en Bolivia.
La actividad tiene el fin de formular un diagnóstico acerca de cuánto avanzaron las organizaciones políticas para cumplir la Ley 1096, precisar cuántas y cuáles incluyeron un régimen de despatriarcalización en sus estatutos, determinar qué partidos han previsto un presupuesto para el funcionamiento de dicho régimen, conocer si existen mecanismos para atender y sancionar denuncias de acoso y violencia política, entre los aspectos más importantes.
El encuentro internacional es una de las actividades programadas por la entidad electoral en conmemoración de los 41 años de recuperación de la democracia en Bolivia. El evento es organizado por el TSE, en articulación con la Coordinadora de la Mujer, Oxfam y el Centro de Estudios Superiores Universitarios (CESU) de la Universidad Mayor de San Simón (UMSS), con el apoyo de la Unión Europea.
Entre las invitadas especiales que participarán en este espacio como panelistas se encuentran expertas internacionales del Mecanismo a cargo del Seguimiento a la Convención Interamericana para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia contra la Mujer "Convención Belém do Pará" (Mesecvi), perteneciente a la Comisión Interamericana de Mujeres (CIM), además de representantes del Consejo Nacional Electoral de Colombia, los comités departamentales contra el acoso y la violencia política hacia las mujeres y de las 11 fuerzas políticas con presencia nacional.
Cabe recordar que la Ley de Organizaciones Políticas (Ley 1096), promulgada en 2018, plantea un conjunto de principios, normas y procedimientos para impulsar la democracia interna de las organizaciones políticas. En ese marco, establece la obligatoriedad —tanto para partidos políticos como para agrupaciones ciudadanas— de incluir en sus estatutos un régimen de despatriarcalización y de atender y sancionar casos de acoso y/o violencia política contra sus militantes. No cumplir esta última disposición constituye una falta grave por parte de la organización política.
Después de la promulgación de la citada ley, las organizaciones políticas tuvieron cinco años para adecuar sus estatutos a dicha norma, conformar su régimen de despatriarcalización y registrarlo ante el OEP. Recientemente, el TSE estableció como plazo fines de octubre para que los partidos políticos y las agrupaciones ciudadanas cumplan con lo estipulado.
En este marco, se tiene previsto generar un espacio para presentar los avances de las organizaciones políticas, en particular en lo que concierne a la profundización de la democracia paritaria y las medidas para prevenir, atender y sancionar los casos de acoso y/o violencia política.
Si bien el Estado boliviano registra importantes avances en la conformación paritaria del Poder Legislativo, existen aún grandes desafíos para la consolidación de la democracia paritaria, como la lucha contra el acoso y/o violencia política hacia las mujeres, desafío que en criterio de las organizaciones impulsoras de esta actividad no será posible superar sin la participación activa de las organizaciones políticas como actoras clave en esta tarea, para que se produzcan mejoras en diferentes aspectos que permitan una atención oportuna y la sanción correspondiente frente a estos hechos.
Mediante la Ley 1599, promulgada el 18 de octubre de 1994, el Estado boliviano ratificó la Convención Interamericana para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia contra la Mujer, adoptada en Belém do Pará, Brasil. Así también, mediante la Ley 3447, promulgada el 21 de julio de 2006, aprobó la adhesión de Bolivia al Protocolo a la Convención Americana sobre Derechos Humanos, a partir de lo cual debe brindar un informe periódico cada cinco años, para dar cuenta de los avances con relación a los compromisos asumidos y establecidos en la Convención.
El encuentro internacional es una de las actividades programadas por la entidad electoral en conmemoración de los 41 años de recuperación de la democracia en Bolivia. El evento es organizado por el TSE, en articulación con la Coordinadora de la Mujer, Oxfam y el Centro de Estudios Superiores Universitarios (CESU) de la Universidad Mayor de San Simón (UMSS), con el apoyo de la Unión Europea.
Entre las invitadas especiales que participarán en este espacio como panelistas se encuentran expertas internacionales del Mecanismo a cargo del Seguimiento a la Convención Interamericana para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia contra la Mujer "Convención Belém do Pará" (Mesecvi), perteneciente a la Comisión Interamericana de Mujeres (CIM), además de representantes del Consejo Nacional Electoral de Colombia, los comités departamentales contra el acoso y la violencia política hacia las mujeres y de las 11 fuerzas políticas con presencia nacional.
Cabe recordar que la Ley de Organizaciones Políticas (Ley 1096), promulgada en 2018, plantea un conjunto de principios, normas y procedimientos para impulsar la democracia interna de las organizaciones políticas. En ese marco, establece la obligatoriedad —tanto para partidos políticos como para agrupaciones ciudadanas— de incluir en sus estatutos un régimen de despatriarcalización y de atender y sancionar casos de acoso y/o violencia política contra sus militantes. No cumplir esta última disposición constituye una falta grave por parte de la organización política.
Después de la promulgación de la citada ley, las organizaciones políticas tuvieron cinco años para adecuar sus estatutos a dicha norma, conformar su régimen de despatriarcalización y registrarlo ante el OEP. Recientemente, el TSE estableció como plazo fines de octubre para que los partidos políticos y las agrupaciones ciudadanas cumplan con lo estipulado.
En este marco, se tiene previsto generar un espacio para presentar los avances de las organizaciones políticas, en particular en lo que concierne a la profundización de la democracia paritaria y las medidas para prevenir, atender y sancionar los casos de acoso y/o violencia política.
Si bien el Estado boliviano registra importantes avances en la conformación paritaria del Poder Legislativo, existen aún grandes desafíos para la consolidación de la democracia paritaria, como la lucha contra el acoso y/o violencia política hacia las mujeres, desafío que en criterio de las organizaciones impulsoras de esta actividad no será posible superar sin la participación activa de las organizaciones políticas como actoras clave en esta tarea, para que se produzcan mejoras en diferentes aspectos que permitan una atención oportuna y la sanción correspondiente frente a estos hechos.
Mediante la Ley 1599, promulgada el 18 de octubre de 1994, el Estado boliviano ratificó la Convención Interamericana para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia contra la Mujer, adoptada en Belém do Pará, Brasil. Así también, mediante la Ley 3447, promulgada el 21 de julio de 2006, aprobó la adhesión de Bolivia al Protocolo a la Convención Americana sobre Derechos Humanos, a partir de lo cual debe brindar un informe periódico cada cinco años, para dar cuenta de los avances con relación a los compromisos asumidos y establecidos en la Convención.
