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El Tribunal Supremo Electoral, en cumplimiento con el mandato constitucional y de las leyes en lo que se refiere a la administración de elecciones en el país, ha elaborado un presupuesto para las elecciones judiciales acorde a los estándares que la ley exige, considerando la movilización de recursos técnicos, humanos y financieros para llevar adelante unos comicios de alcance nacional.
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