En su propuesta técnica, el candidato al TSJ por el departamento de La Paz, Juan Carlos Berrios Albizu manifiesta que la justicia debe estar al servicio del pueblo, llegando a todos de forma eficiente y con calidez, con la creación y asentamientos de juzgados con criterio poblacional y acceso territorial. La implementación de una justicia virtual para pretensiones de poca cuantía, mecanismos de asignación racional de causas y la creación de protocolos de atención a grupos vulnerables.
Rosmery Aliaga Apaza, candidata al TSJ por el departamento de La Paz, propone mejorar la eficiencia del sistema de justicia mediante tres propuestas.
José Antonio Revilla Martínez, candidato al TSJ por el departamento de Chuquisaca, considera fundamental el acceso a la justicia para el correcto funcionamiento del sistema judicial.
Marina Durán Miranda, candidata al TSJ por el departamento de Chuquisaca, manifiesta en su propuesta técnica la importancia de implementar un nuevo modelo de justicia penal humanizada y menos ritualista, donde la elección de los operadores de justicia se haga sobre la base de un sistema meritocrático, con una nueva visión de justicia humanizada.
Lilian Paredes Gonzales, candidata al TSJ por el departamento de Chuquisaca, propone transparentar la administración de justicia haciendo seguimiento permanente a magistrados, vocales, jueces, fiscales, funcionarios de apoyo jurisdiccional y administrativo, entre otros, a fin de identificar y sancionar la corrupción en la administración judicial.
La candidata al TSJ por el departamento de Chuquisaca, Lourdes Yolanda Barragán Careaga, propone la reforma judicial a corto, mediano y largo plazo para acabar con las dificultades del sistema judicial en el que sean partícipes la sociedad y el Estado, donde el Gobierno debe expresar su voluntad política asumiendo un liderazgo efectivo.
René Yván Espada Navía, candidato al Tribunal Constitucional Plurinacional (TCP) por el departamento de Pando, propone impulsar normativa destinada a sancionar los actos de corrupción, que contendrán procedimientos cortos y efectivos para procesar al personal involucrado en hechos de corrupción, además de fortalecer los mecanismos de transparencia en el TCP, según explica.
