Marco Ernesto Jaimes Molina, candidato al TSJ por el departamento de Oruro, plantea independencia, imparcialidad, capacidad, probidad y celeridad al impartir justicia.
Virginia Colque Calle, candidata al TSJ por el departamento de Oruro, propone implementar el suma qamaña (vivir bien) en la jurisdicción ordinaria a través de una justicia pronta y efectiva, logrando la equidad de género o Chacha-Warmi.
Janneth Alarcón Rinaldo, candidata al TSJ por el departamento de Oruro, propone depurar la retardación de justicia mediante tres proyectos.
Edda Fiorilo plantea la creación de jueces constitucionales para eliminar la retardación de justicia
Edda Sarah Fiorilo Barrios, candidata al Tribunal Constitucional Plurinacional (TCP) por el departamento de Oruro, en su propuesta técnica plantea la creación de jueces constitucionales que faciliten el acceso a la justicia constitucional y se dediquen exclusivamente a resolver acciones tutelares y competenciales, para una mejor protección de los derechos y garantías consagradas en la Constitución Política del Estado. De acuerdo con Fiorilo, este aspecto erradicaría en un gran porcentaje la retardación de justicia en los juzgados ordinarios.
Lizet Angélica Carvajal Rada, candidata al Tribunal Constitucional Plurinacional (TCP) por el departamento de Oruro, plantea tres pilares para el desarrollo de su trabajo en la institución, en caso de ser electa como magistrada.
Eve Carmen Mamani Roldán, candidata al Tribunal Constitucional Plurinacional (TCP) por el departamento de Oruro, plantea uniformar la jurisprudencia constitucional con una unidad de unificación de jurisprudencia, “consensuando la fundación, modulación, reconducción, mutación, o en definitiva el cambio de líneas jurisprudenciales”, según expresa en su propuesta técnica.
Georgina Amusquivar Moller, candidata al Tribunal Constitucional Plurinacional (TCP) por el departamento de Oruro, plantea la creación de libros virtuales para el control de los plazos. Además propone la creación de una Unidad de Unificación Jurisprudencial para uniformar los fallos constitucionales, a fin de que permita efectivizar el principio de seguridad jurídica.