José Antonio Revilla Martínez, candidato al TSJ por el departamento de Chuquisaca, considera fundamental el acceso a la justicia para el correcto funcionamiento del sistema judicial.
Marina Durán Miranda, candidata al TSJ por el departamento de Chuquisaca, manifiesta en su propuesta técnica la importancia de implementar un nuevo modelo de justicia penal humanizada y menos ritualista, donde la elección de los operadores de justicia se haga sobre la base de un sistema meritocrático, con una nueva visión de justicia humanizada.
Lilian Paredes Gonzales, candidata al TSJ por el departamento de Chuquisaca, propone transparentar la administración de justicia haciendo seguimiento permanente a magistrados, vocales, jueces, fiscales, funcionarios de apoyo jurisdiccional y administrativo, entre otros, a fin de identificar y sancionar la corrupción en la administración judicial.
La candidata al TSJ por el departamento de Chuquisaca, Lourdes Yolanda Barragán Careaga, propone la reforma judicial a corto, mediano y largo plazo para acabar con las dificultades del sistema judicial en el que sean partícipes la sociedad y el Estado, donde el Gobierno debe expresar su voluntad política asumiendo un liderazgo efectivo.
Orlando Ceballos, candidato al Tribunal Constitucional Plurinacional (TCP) por el departamento de Chuquisaca, propone trascender el paradigma de “administración de justicia”, que actualmente es manejado, por el de “impartir justicia”, a partir de combatir la corrupción y la retardación desde la praxis de la eticidad andina amazónica.
Ana María Morales Núñez, candidata al Tribunal Constitucional Plurinacional (TCP) por el departamento de Chuquisaca, propone realizar la unificación y sistematización adecuada de la jurisprudencia constitucional a fin de evitar la retardación, corrupción e inseguridad jurídica, estableciendo las sentencias fundadoras para la construcción del árbol jurisprudencial.
Zulema Antonieta Gonzales Coronado, candidata al Tribunal Constitucional Plurinacional (TCP) por el departamento de Chuquisaca, plantea la recuperación de la credibilidad del TCP a través de la resolución de las causas dentro de los plazos procesales, brindando seguridad jurídica, garantizando que el ciudadano reciba siempre una respuesta oportuna, bajo responsabilidad de los magistrados y funcionarios de apoyo, según expresa en su propuesta técnica.