Eduardo Leaño Románes
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Sociólogo, experto en temas electorales.
Está claro que en el Órgano Electoral está la gente que va a trabajar por la re, re, re, reelección de don Evo Morales”, esta aseveración la formuló un parlamentario opositor en ocasión de la elección de los flamantes vocales del Tribunal Supremo Electoral (TSE), en julio de 2015. El propósito del presente artículo, considerando el desempeño de las autoridades electorales e independientemente de los resultados del referéndum, es objetar aquella precipitada sospecha y destacar los méritos e insuficiencias del trabajo desarrollado por el organismo electoral que, después de todo, se orienta hacia una franca recuperación de la legitimidad perdida.
Precisemos el concepto de legitimidad. En su acepción específica, denota confianza y credibilidad de una porción importante de la población. En este marco, es posible identificar dos formas generales de legitimidad referidas al ente electoral: la de origen y la de ejercicio. Se habla de legitimidad de origen cuando la inicial designación de las principales autoridades del TSE se efectúa de manera transparente y democrática; el procedimiento contrario implica haber nombrado vocales ilegítimamente y desprovistos de respaldo y aprobación.
DESIGNACIÓN
Conforme la Ley del Órgano Electoral, un vocal es designado por el Presidente y los otros seis son elegidos por 2/3 de los miembros presentes del Órgano Legislativo. El proceso se realizó como establece la normativa: se calificó el cumplimiento de requisitos, se procedió a valorar los méritos de los postulantes y, finalmente, se efectuó una evaluación oral sobre temas y gestión electorales. Desde la perspectiva de la oposición, la hegemonía parlamentaria del Movimiento Al Socialismo (MAS) consiguió imponer la elección de vocales afines a este partido pero, desde la óptica del partido en función de gobierno, la elección de las autoridades electorales se realizó con la más elevada transparencia.
Aunque los nuevos vocales fueron designados en medio de serios cuestionamientos por parte de los opositores, el mayor reto para las flamantes autoridades electorales era recobrar legitimidad ante la sociedad. Las “faltas muy graves” cometidas por los vocales que fueron obligados a renunciar (mayo de 2015) dejaron vapuleada la legitimidad del organismo electoral.
La poca legitimidad de origen es muy posible que genere dudas, pero puede ser revertida por la de ejercicio. En nuestro caso, esta forma de legitimidad hace referencia a la credibilidad conseguida por el organismo electoral, considerando el desarrollo de la administración de los comicios y los resultados obtenidos durante los procesos electorales. Ciertamente, se obtiene legitimidad si el ejercicio de las funciones se lleva a cabo con eficacia (capacidad de lograr un efecto deseado, esperado o anhelado) y eficiencia (capacidad de lograr resultados con el menor costo posible); mientras que una institución se deslegitima cuando el desempeño de actividades resulta ineficaz e ineficiente. Observemos este desempeño.
Desde que fueron posesionados hasta la fecha, las autoridades del organismo electoral administraron dos referéndums: el autonómico, efectuado el 20 de septiembre, para aceptar o rechazar la aprobación de los Estatutos Autonómicos de La Paz, Oruro, Potosí, Chuquisaca y Cochabamba; de los municipios de conversión a autonomías indígenas de Totora, Marka y Charagua; y las Cartas Orgánicas de los municipios de Tacopaya, Cocapata y Huanuni; y, recientemente, el referéndum de modificación del artículo 168 de la Constitución Política del Estado para definir la posibilidad de una nueva reelección de Evo Morales y Álvaro García Linera.
El primer referéndum, al parecer, no constituyó un tema de interés ni para los políticos ni para la población; el debate y las campañas resultaron ajenos a los partidos y la indiferente ciudadanía acudió a su recinto de votación sin demasiada motivación. En este contexto, no se advirtió la eficacia y eficiencia del organismo electoral pese a que su desempeño se llevó a cabo en el marco de estos criterios de valoración.
PRUEBA.
El segundo referéndum sí se convirtió en una verdadera prueba de fuego para sustentar y consolidar la legitimidad de ejercicio del organismo electoral. A diferencia del conjunto de vocales destituidos, algunas de las actuales autoridades electorales resultaron ser personas con amplios conocimientos sobre derecho electoral y con demasiada experiencia en gestión de procesos eleccionarios. Esto hacía previsible que los flamantes vocales podían encarar la administración del proceso electoral de buena manera.
Durante la etapa previa a la jornada electoral, todas las actividades se efectuaron con eficacia y eficiencia: adecuados puntos de registro de electores, óptima capacitación de las personas que operaban los equipos biométricos, y, una información clara y suficiente sobre el referéndum. Similar desempeño pudo advertirse en la jornada electoral: la amplia mayoría de las mesas abrió puntualmente, casi todos los notarios cumplieron con la provisión de los materiales electorales en el tiempo previsto, en la generalidad de los recintos se advirtió la presencia de facilitadores que cooperaban a los electores a ubicar sus mesas de sufragio y la mayoría de los jurados electorales estaban capacitados para proceder con el acto electoral y el llenado de las actas.
Finalmente, luego de la jornada electoral, casi en la totalidad de las mesas no se presentaron dificultades para efectuar el escrutinio, se transparentó el proceso de cómputo y, lo más importante, los resultados finales se presentaron en el tiempo récord de 48 horas (la ley establece siete días para hacerlo).
Todo este cúmulo de aciertos y méritos demostraron una elevada eficacia y eficiencia del TSE que, sin duda, contribuyeron a recuperar legitimidad al organismo electoral; pero este es un proceso largo en el cual deben enmendarse algunas insuficiencias.
Aspectos que deben perfeccionarse: depuración del padrón electoral y mayor agilidad en el cómputo de las actas electorales. Ambas sugerencias fueron efectuadas por los observadores internacionales y, en el segundo caso, por el propio Vicepresidente del Estado. Acerca de la depuración, Leonel Fernández, jefe de la misión de observación de la OEA, sugiere disipar las dudas que se presentan sobre el listado de votantes. Para tal efecto plantea efectuar una “auditoría profunda e integral” al padrón; se trata de depurar a los ciudadanos que fallecieron, a los que migraron del país y a los de doble registro.
En relación al cómputo de actas, Fernández advirtió “lentitud” en la publicación de resultados y sugirió realizar los cambios legislativos necesarios y aplicar los programas informáticos correspondientes para que la autoridad pueda hacer conocer los resultados con un elevado grado de exactitud y en el menor tiempo posible. En correspondencia con este planteamiento, el vicepresidente Álvaro García señaló: "Después de estas elecciones, quisiéramos compartir con el Órgano Electoral y con otras instancias del ámbito internacional (la manera) cómo construimos un sistema de contabilización del voto mucho más rápido, que mantenga la transparencia, pero que a la vez nos garantice rapidez”.
Estas dos limitaciones deben ser superadas durante los siguientes procesos electorales: capacidad (existe) y tiempo. Estamos seguros que el desempeño eficiente y transparente de las autoridades electorales permitirá recuperar plenamente la legitimidad del TSE.
Publicado originalmente en "Animal Político"
DESIGNACIÓN
Conforme la Ley del Órgano Electoral, un vocal es designado por el Presidente y los otros seis son elegidos por 2/3 de los miembros presentes del Órgano Legislativo. El proceso se realizó como establece la normativa: se calificó el cumplimiento de requisitos, se procedió a valorar los méritos de los postulantes y, finalmente, se efectuó una evaluación oral sobre temas y gestión electorales. Desde la perspectiva de la oposición, la hegemonía parlamentaria del Movimiento Al Socialismo (MAS) consiguió imponer la elección de vocales afines a este partido pero, desde la óptica del partido en función de gobierno, la elección de las autoridades electorales se realizó con la más elevada transparencia.
Aunque los nuevos vocales fueron designados en medio de serios cuestionamientos por parte de los opositores, el mayor reto para las flamantes autoridades electorales era recobrar legitimidad ante la sociedad. Las “faltas muy graves” cometidas por los vocales que fueron obligados a renunciar (mayo de 2015) dejaron vapuleada la legitimidad del organismo electoral.
La poca legitimidad de origen es muy posible que genere dudas, pero puede ser revertida por la de ejercicio. En nuestro caso, esta forma de legitimidad hace referencia a la credibilidad conseguida por el organismo electoral, considerando el desarrollo de la administración de los comicios y los resultados obtenidos durante los procesos electorales. Ciertamente, se obtiene legitimidad si el ejercicio de las funciones se lleva a cabo con eficacia (capacidad de lograr un efecto deseado, esperado o anhelado) y eficiencia (capacidad de lograr resultados con el menor costo posible); mientras que una institución se deslegitima cuando el desempeño de actividades resulta ineficaz e ineficiente. Observemos este desempeño.
Desde que fueron posesionados hasta la fecha, las autoridades del organismo electoral administraron dos referéndums: el autonómico, efectuado el 20 de septiembre, para aceptar o rechazar la aprobación de los Estatutos Autonómicos de La Paz, Oruro, Potosí, Chuquisaca y Cochabamba; de los municipios de conversión a autonomías indígenas de Totora, Marka y Charagua; y las Cartas Orgánicas de los municipios de Tacopaya, Cocapata y Huanuni; y, recientemente, el referéndum de modificación del artículo 168 de la Constitución Política del Estado para definir la posibilidad de una nueva reelección de Evo Morales y Álvaro García Linera.
El primer referéndum, al parecer, no constituyó un tema de interés ni para los políticos ni para la población; el debate y las campañas resultaron ajenos a los partidos y la indiferente ciudadanía acudió a su recinto de votación sin demasiada motivación. En este contexto, no se advirtió la eficacia y eficiencia del organismo electoral pese a que su desempeño se llevó a cabo en el marco de estos criterios de valoración.
PRUEBA.
El segundo referéndum sí se convirtió en una verdadera prueba de fuego para sustentar y consolidar la legitimidad de ejercicio del organismo electoral. A diferencia del conjunto de vocales destituidos, algunas de las actuales autoridades electorales resultaron ser personas con amplios conocimientos sobre derecho electoral y con demasiada experiencia en gestión de procesos eleccionarios. Esto hacía previsible que los flamantes vocales podían encarar la administración del proceso electoral de buena manera.
Durante la etapa previa a la jornada electoral, todas las actividades se efectuaron con eficacia y eficiencia: adecuados puntos de registro de electores, óptima capacitación de las personas que operaban los equipos biométricos, y, una información clara y suficiente sobre el referéndum. Similar desempeño pudo advertirse en la jornada electoral: la amplia mayoría de las mesas abrió puntualmente, casi todos los notarios cumplieron con la provisión de los materiales electorales en el tiempo previsto, en la generalidad de los recintos se advirtió la presencia de facilitadores que cooperaban a los electores a ubicar sus mesas de sufragio y la mayoría de los jurados electorales estaban capacitados para proceder con el acto electoral y el llenado de las actas.
Finalmente, luego de la jornada electoral, casi en la totalidad de las mesas no se presentaron dificultades para efectuar el escrutinio, se transparentó el proceso de cómputo y, lo más importante, los resultados finales se presentaron en el tiempo récord de 48 horas (la ley establece siete días para hacerlo).
Todo este cúmulo de aciertos y méritos demostraron una elevada eficacia y eficiencia del TSE que, sin duda, contribuyeron a recuperar legitimidad al organismo electoral; pero este es un proceso largo en el cual deben enmendarse algunas insuficiencias.
Aspectos que deben perfeccionarse: depuración del padrón electoral y mayor agilidad en el cómputo de las actas electorales. Ambas sugerencias fueron efectuadas por los observadores internacionales y, en el segundo caso, por el propio Vicepresidente del Estado. Acerca de la depuración, Leonel Fernández, jefe de la misión de observación de la OEA, sugiere disipar las dudas que se presentan sobre el listado de votantes. Para tal efecto plantea efectuar una “auditoría profunda e integral” al padrón; se trata de depurar a los ciudadanos que fallecieron, a los que migraron del país y a los de doble registro.
En relación al cómputo de actas, Fernández advirtió “lentitud” en la publicación de resultados y sugirió realizar los cambios legislativos necesarios y aplicar los programas informáticos correspondientes para que la autoridad pueda hacer conocer los resultados con un elevado grado de exactitud y en el menor tiempo posible. En correspondencia con este planteamiento, el vicepresidente Álvaro García señaló: "Después de estas elecciones, quisiéramos compartir con el Órgano Electoral y con otras instancias del ámbito internacional (la manera) cómo construimos un sistema de contabilización del voto mucho más rápido, que mantenga la transparencia, pero que a la vez nos garantice rapidez”.
Estas dos limitaciones deben ser superadas durante los siguientes procesos electorales: capacidad (existe) y tiempo. Estamos seguros que el desempeño eficiente y transparente de las autoridades electorales permitirá recuperar plenamente la legitimidad del TSE.
Publicado originalmente en "Animal Político"