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El Tribunal Electoral Departamental de Santa Cruz, el Tribunal Departamental de Justicia de Santa Cruz, el Viceministerio de Igualdad de Oportunidades, la Policía Nacional y la Casa de la Mujer suscribieron un acta de acuerdo para unificar sus procedimientos en la normativa vigente, con el fin de articular y coordinar tareas para la atención, protección y reparación de los derechos de las víctimas de los delitos previstos en la Ley N° 243 Contra el Acoso y Violencia Política hacia las Mujeres.
El acta fue suscrita el viernes 9 de noviembre, de manera paralela al desarrollo del taller Socialización sobre Paridad Democrática, con énfasis en la Ley N° 243, que organizaron las cinco instituciones en el marco del convenio firmado con Casa de la Mujer para ejecutar actividades dirigidas a promover los derechos políticos de las mujeres.
Entre las finalidades de las tareas de coordinación interinstitucional están:
La presidenta del TED Santa Cruz, Sandra Kettels, indicó que el acta fue suscrita en el marco de los mandatos de la Ley N° 243, que establece que la atención y protección a las víctimas de los delitos de acoso y violencia política se constituye en una labor interdisciplinaria e integral, a cargo de instituciones públicas y privadas que protegen los derechos de las personas que se encuentran en esta situación.
Más de 130 mujeres se reunieron en el taller
Kettels informó que el encuentro reunió a más de 130 mujeres, entre autoridades departamentales, municipales y representantes de organizaciones e instituciones, quienes analizaron el ejercicio de sus derechos políticos.
Marisol Camacho, concejala del municipio de La Guardia y vicepresidenta de la Asociación de Concejalas de Santa Cruz (ACOCRUZ), destacó que “la conciliación es un trauma para cada mujer tanto en la Ley 348 como en la 243, [por] tener que ponerme frente a mi agresor como víctima. Ya hemos dejado de llorar mucho y ahora tenemos un reto de seguir en la lucha por la defensa y reencuentro para la justicia y el empoderamiento de las mujeres”, manifestó la autoridad.
Asimismo, Sandra Muñoz, alcaldesa de Colpa Bélgica y vicepresidenta de la Asociación de Municipios de Santa Cruz (AMDECRUZ), expresó que “para que haya éxito en una ley las mujeres debemos ser firmes, seguras y convincentes de lo que queremos, debemos instar a nuestras autoridades para que la denuncia no se quede en un documento”.
Por su parte, Maribel Castillo, asambleísta departamental de Santa Cruz, remarcó que “en los acuerdos internos se presionó a las mujeres para que renuncien y cedan el espacio, se acosa a la mujer asambleísta titular; lo mismo pasa con las concejalas de todo el país, no solo de Santa Cruz. Tenemos que concientizarnos (sic), tenemos que unirnos y dejar esto en mano de las mujeres, descartando que nos mermen el espacio político que hemos conseguido y dejemos de sufrir el acoso político que estamos sufriendo en todas las instancias, sin importar la tienda partidaria a la que pertenezcamos”.
Por su parte, Miriam Suárez, directora de Casa de la Mujer, manifestó que “si se vulnera un derecho humano se nos vulneran todos los derechos, los derechos humanos son indivisibles”.
Entre las finalidades de las tareas de coordinación interinstitucional están:
- Aplicar de manera articulada y coordinada las directrices del presente protocolo y ruta crítica por las diferentes instituciones responsables de brindar atención, protección y reparación a las víctimas de delitos previstos en la Ley N° 243.
- Actuar con sensibilidad, eficacia y eficiencia en la atención (y) protección de las víctimas.
- Evitar la revictimización y la duplicidad de funciones en la atención y protección de víctimas, así como en la práctica de procedimientos y acciones investigativas innecesarias con relación a la víctima.
- Lograr una efectiva articulación de funciones para mejorar la capacidad y optimizar el tiempo de respuesta a las diferentes instituciones, para la atención a la víctima.
- Apoyar la persecución penal efectiva, conforme al marco competencial de cada institución.
La presidenta del TED Santa Cruz, Sandra Kettels, indicó que el acta fue suscrita en el marco de los mandatos de la Ley N° 243, que establece que la atención y protección a las víctimas de los delitos de acoso y violencia política se constituye en una labor interdisciplinaria e integral, a cargo de instituciones públicas y privadas que protegen los derechos de las personas que se encuentran en esta situación.
Más de 130 mujeres se reunieron en el taller
Kettels informó que el encuentro reunió a más de 130 mujeres, entre autoridades departamentales, municipales y representantes de organizaciones e instituciones, quienes analizaron el ejercicio de sus derechos políticos.
Marisol Camacho, concejala del municipio de La Guardia y vicepresidenta de la Asociación de Concejalas de Santa Cruz (ACOCRUZ), destacó que “la conciliación es un trauma para cada mujer tanto en la Ley 348 como en la 243, [por] tener que ponerme frente a mi agresor como víctima. Ya hemos dejado de llorar mucho y ahora tenemos un reto de seguir en la lucha por la defensa y reencuentro para la justicia y el empoderamiento de las mujeres”, manifestó la autoridad.
Asimismo, Sandra Muñoz, alcaldesa de Colpa Bélgica y vicepresidenta de la Asociación de Municipios de Santa Cruz (AMDECRUZ), expresó que “para que haya éxito en una ley las mujeres debemos ser firmes, seguras y convincentes de lo que queremos, debemos instar a nuestras autoridades para que la denuncia no se quede en un documento”.
Por su parte, Maribel Castillo, asambleísta departamental de Santa Cruz, remarcó que “en los acuerdos internos se presionó a las mujeres para que renuncien y cedan el espacio, se acosa a la mujer asambleísta titular; lo mismo pasa con las concejalas de todo el país, no solo de Santa Cruz. Tenemos que concientizarnos (sic), tenemos que unirnos y dejar esto en mano de las mujeres, descartando que nos mermen el espacio político que hemos conseguido y dejemos de sufrir el acoso político que estamos sufriendo en todas las instancias, sin importar la tienda partidaria a la que pertenezcamos”.
Por su parte, Miriam Suárez, directora de Casa de la Mujer, manifestó que “si se vulnera un derecho humano se nos vulneran todos los derechos, los derechos humanos son indivisibles”.
