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Este es el primero de dos talleres que se realizan con las naciones y pueblos indígenas.
Representantes de naciones y pueblos indígenas plantearon la posibilidad de reconocer el acta de constitución de las organizaciones indígenas, en lugar de la personería jurídica, como requisito para la participación de las organizaciones en el sistema político. La idea se conoció en el taller de generación de insumos para el proyecto de Ley de Organizaciones Políticas, este lunes en La Paz.
El objetivo de la propuesta es garantizar la participación directa de las naciones y pueblos indígenas en las distintas instancias de gobierno, a través de sus normas y procedimientos propios.
Este punto se debatió en la tercera mesa de trabajo que se instaló en la primera jornada de deliberación para la construcción del proyecto de Ley de Organizaciones Políticas, que organizó el Órgano Electoral Plurinacional (OEP) con este sector.
La vocal del Tribunal Supremo Electoral (TSE), María Eugenia Choque, explicó que las conclusiones de las cuatro mesas de trabajo servirán como insumos para la redacción de un proyecto de Ley que será presentado ante la Asamblea Legislativa Plurinacional
“Estos aportes van a ser compartidos, primero, en los nueve talleres departamentales que se planificaron para este trabajo de construcción del proyecto de Ley de Organizaciones Políticas. Posteriormente vamos a tener un taller nacional donde las propuestas van ser consensuadas”, precisó Choque.
El 24 de mayo se prevé desarrollar un encuentro similar en la ciudad de Santa Cruz de la Sierra, con los representantes de las organizaciones indígenas de tierras bajas.
En el taller de este lunes el debate giró en torno a cuatro ejes: el primero referido a los principios que deben orientar la interpretación de la nueva ley, donde se plantearon temas como la designación de sus representantes ante diferentes niveles de gobierno y la organización para elegirlos a partir de sus normas y procedimientos propios, o la solvencia en la identidad moral de las y los representantes, entre otros.
El segundo eje trabajó en el tema de los requisitos para la participación política de los pueblos indígenas, donde, en el marco del ejercicio de sus derechos colectivos, se propuso que esta participación se desarrolle a través de los principios que rigen al interior de sus propias naciones.
La tercera mesa trabajó sobre la representación directa de las naciones y pueblos indígenas a través de sus normas y procedimientos propios ante las distintas instancias de gobierno, donde, además de plantear el reconocimiento del acta de constitución de la organización indígena como requisito para su conformación, se abordó el tema de las alianzas y el financiamiento a estas organizaciones.
“Se planteó que las organizaciones de los pueblos indígenas puedan tener la posibilidad de recibir financiamiento, pero debe estar dirigido a intereses grupales y no personales”, acotó Choque.
El cuarto eje se refirió a la participación de las mujeres y de los jóvenes en las organizaciones políticas, en el entendido de que son las mujeres las transmisoras de los saberes y conocimientos en las naciones indígenas, en especial el conocimiento relacionado con normas y procedimientos propios.
“La norma debe reconocer el ejercicio de nuestras democracias”
Varias son las voces que se manifestaron sobre el reconocimiento del ejercicio democrático en las naciones y pueblos indígenas para la elección de postulantes y autoridades en cargos que se encuentran dentro de la estructura organizativa del Estado.
Samuel Ramos, representante de la nación Qara Qara (Chuquisaca), explicó que la nueva Ley de Organizaciones Políticas debe procurar garantizar el ejercicio de los derechos políticos reconocidos en la Constitución Política del Estado. Para Ramos, el trabajo en la Ley de Organizaciones Políticas debe estar basado en los convenios internacionales y las normas nacionales, donde ya se contemplan y reconocen los derechos de los pueblos y naciones indígenas.
Beatriz Guzmán, representante de la nación Jach’a Carangas (Oruro), está en la misma línea. Ella explicó que las normas y convenios internacionales ya reconocen el ejercicio democrático propio de las naciones y pueblos indígenas, por lo que la ley solo debe reconocer la práctica de los mismos, mientras que su reglamentación debe especificar el ejercicio de acuerdo a la visión de cada uno de estos pueblos y naciones indígenas.
De la misma forma, Alberto Guarayo, de la nación Yampara (Chuquisaca) aseveró que el sistema político de las naciones indígenas aún está subordinado al sistema de partidos políticos al momento de terciar en las postulaciones para diferentes elecciones, por lo que mencionó que el proyecto de ley debe procurar materializar este sistema de participación de las naciones y pueblos indígenas.
“Hay dos caminos para esta materialización: uno es la representación directa a través de nuestras normas y procedimientos propios en diferentes instancias de participación; y el otro es la participación como organización de los pueblos indígenas, sin ser parte de las organizaciones políticas. Eso también está dentro de los marcos del ejercicio de los derechos de los pueblos indígenas”, señaló Guarayo.
Por su parte, Modesta Benito, representante del municipio Jesús de Machaca (La Paz), aseveró que al momento las naciones y pueblos indígenas ejercen sus propias formas de democracia, pero que éstas son solo reconocidas en la Constitución Política del Estado y no en las otras normas que enmarcan el ejercicio político de los ciudadanos.
“Sí dice la Constitución Política del Estado y nos reconoce a nosotros que debemos ser por nuestras normas y procedimientos propios, pero para la elección de nuestros postulantes a los cargos no se respetan y ejercen estas actas y nuestros estatutos son solo válidos en nuestras comunidades y los ayllus, pero nada más”, explicó.
Feliciano Begamonte, ejecutivo de la Confederación de Campesinos de Bolivia y miembro de la nación quechua, propuso que la nueva ley debe contemplar el respeto a las diferentes formas de elección en las naciones y pueblos indígenas, porque también es una forma de ejercicio democrático al interior de éstos.
“En base a los usos y costumbres se tienen que aplicar las democracias en cada pueblo indígena, en cada nación o en las comunidades campesinas. Tendríamos que participar de igual a igual como las organizaciones políticas, con la diferencia de que nosotros debemos participar con nuestra propia forma de organización y profundizarla”, precisó.
Este punto se debatió en la tercera mesa de trabajo que se instaló en la primera jornada de deliberación para la construcción del proyecto de Ley de Organizaciones Políticas, que organizó el Órgano Electoral Plurinacional (OEP) con este sector.
*Alrededor de un centenar de representantes se las naciones y pueblos indígenas de tierras altas participaron en este taller.
La vocal del Tribunal Supremo Electoral (TSE), María Eugenia Choque, explicó que las conclusiones de las cuatro mesas de trabajo servirán como insumos para la redacción de un proyecto de Ley que será presentado ante la Asamblea Legislativa Plurinacional
“Estos aportes van a ser compartidos, primero, en los nueve talleres departamentales que se planificaron para este trabajo de construcción del proyecto de Ley de Organizaciones Políticas. Posteriormente vamos a tener un taller nacional donde las propuestas van ser consensuadas”, precisó Choque.
El 24 de mayo se prevé desarrollar un encuentro similar en la ciudad de Santa Cruz de la Sierra, con los representantes de las organizaciones indígenas de tierras bajas.
En el taller de este lunes el debate giró en torno a cuatro ejes: el primero referido a los principios que deben orientar la interpretación de la nueva ley, donde se plantearon temas como la designación de sus representantes ante diferentes niveles de gobierno y la organización para elegirlos a partir de sus normas y procedimientos propios, o la solvencia en la identidad moral de las y los representantes, entre otros.
El segundo eje trabajó en el tema de los requisitos para la participación política de los pueblos indígenas, donde, en el marco del ejercicio de sus derechos colectivos, se propuso que esta participación se desarrolle a través de los principios que rigen al interior de sus propias naciones.
* El trabajó se realizó en cuatro mesas que debatieron sobre cuatro ejes, respectivamente.
La tercera mesa trabajó sobre la representación directa de las naciones y pueblos indígenas a través de sus normas y procedimientos propios ante las distintas instancias de gobierno, donde, además de plantear el reconocimiento del acta de constitución de la organización indígena como requisito para su conformación, se abordó el tema de las alianzas y el financiamiento a estas organizaciones.
“Se planteó que las organizaciones de los pueblos indígenas puedan tener la posibilidad de recibir financiamiento, pero debe estar dirigido a intereses grupales y no personales”, acotó Choque.
El cuarto eje se refirió a la participación de las mujeres y de los jóvenes en las organizaciones políticas, en el entendido de que son las mujeres las transmisoras de los saberes y conocimientos en las naciones indígenas, en especial el conocimiento relacionado con normas y procedimientos propios.
“La norma debe reconocer el ejercicio de nuestras democracias”
Varias son las voces que se manifestaron sobre el reconocimiento del ejercicio democrático en las naciones y pueblos indígenas para la elección de postulantes y autoridades en cargos que se encuentran dentro de la estructura organizativa del Estado.
Samuel Ramos, representante de la nación Qara Qara (Chuquisaca), explicó que la nueva Ley de Organizaciones Políticas debe procurar garantizar el ejercicio de los derechos políticos reconocidos en la Constitución Política del Estado. Para Ramos, el trabajo en la Ley de Organizaciones Políticas debe estar basado en los convenios internacionales y las normas nacionales, donde ya se contemplan y reconocen los derechos de los pueblos y naciones indígenas.
Beatriz Guzmán, representante de la nación Jach’a Carangas (Oruro), está en la misma línea. Ella explicó que las normas y convenios internacionales ya reconocen el ejercicio democrático propio de las naciones y pueblos indígenas, por lo que la ley solo debe reconocer la práctica de los mismos, mientras que su reglamentación debe especificar el ejercicio de acuerdo a la visión de cada uno de estos pueblos y naciones indígenas.
De la misma forma, Alberto Guarayo, de la nación Yampara (Chuquisaca) aseveró que el sistema político de las naciones indígenas aún está subordinado al sistema de partidos políticos al momento de terciar en las postulaciones para diferentes elecciones, por lo que mencionó que el proyecto de ley debe procurar materializar este sistema de participación de las naciones y pueblos indígenas.
“Hay dos caminos para esta materialización: uno es la representación directa a través de nuestras normas y procedimientos propios en diferentes instancias de participación; y el otro es la participación como organización de los pueblos indígenas, sin ser parte de las organizaciones políticas. Eso también está dentro de los marcos del ejercicio de los derechos de los pueblos indígenas”, señaló Guarayo.
Por su parte, Modesta Benito, representante del municipio Jesús de Machaca (La Paz), aseveró que al momento las naciones y pueblos indígenas ejercen sus propias formas de democracia, pero que éstas son solo reconocidas en la Constitución Política del Estado y no en las otras normas que enmarcan el ejercicio político de los ciudadanos.
“Sí dice la Constitución Política del Estado y nos reconoce a nosotros que debemos ser por nuestras normas y procedimientos propios, pero para la elección de nuestros postulantes a los cargos no se respetan y ejercen estas actas y nuestros estatutos son solo válidos en nuestras comunidades y los ayllus, pero nada más”, explicó.
Feliciano Begamonte, ejecutivo de la Confederación de Campesinos de Bolivia y miembro de la nación quechua, propuso que la nueva ley debe contemplar el respeto a las diferentes formas de elección en las naciones y pueblos indígenas, porque también es una forma de ejercicio democrático al interior de éstos.
“En base a los usos y costumbres se tienen que aplicar las democracias en cada pueblo indígena, en cada nación o en las comunidades campesinas. Tendríamos que participar de igual a igual como las organizaciones políticas, con la diferencia de que nosotros debemos participar con nuestra propia forma de organización y profundizarla”, precisó.
