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Foto de archivo. Encuentro de mujeres autoridades de los municipios y gobierno departamental de La Paz, en febrero de 2022.
Entre 2022 y lo que va del presente año, el Tribunal Electoral Departamental (TED) de La Paz atendió 16 casos de acoso y violencia en contra de mujeres en función político-pública en diferentes regiones del departamento, sobre todo en el área rural.
“En las gestiones 2022 y 2023 se recibió un total de 16 casos y todos fueron remitidos al Ministerio Público”, explicó la vocal departamental Zonia Yujra, responsable del Área de Género.
La autoridad electoral precisó que el año pasado se conoció 14 casos, de los cuales uno corresponde a renuncia con acoso. Al respecto, el TED no aceptó la dimisión, en el marco del artículo 5, parágrafo V, numeral 1 del Reglamento para el Trámite de Recepción de Renuncias y Denuncias por acoso y Violencia Política de Mujeres Candidatas, Electas o en Función Político-Pública.
De todos los casos atendidos en 2022, uno fue presentado por la Alcaldesa de Teoponte y otro, por una asambleísta del departamento de La Paz. Las otras denuncias fueron hechas por concejalas de diferentes gobiernos municipales.
En lo que va de 2023 se recibió la denuncia de una suplente del Consejo de la Magistratura, por presunto acoso. El otro caso corresponde a una concejala suplente del municipio de Teoponte.
La vocal Yujra enfatizó que las denuncias en su mayoría fueron presentadas por concejalas debido a que realizaron labores de fiscalización al Ejecutivo municipal, por lo que denunciaron acoso, pues se retuvo o se les retrasó el pago de sus haberes, así como otras actuaciones que afectaron el ejercicio pleno de sus derechos políticos.
Las denunciantes también apuntaron a concejales suplentes, autoridades sindicales y a otras organizaciones vivas. “A través de sus relatos, cuando hicieron las denuncias, afirmaron que son acosadas y que buscan cansarlas para que dejen sus cargos. Por ello sufren hostigamiento y temen por sus vidas en las comunidades”, afirmó la vocal Yujra.
Ante esa situación, la autoridad electoral recordó que para la atención de casos de acoso y violencia política, el Órgano Electoral Plurinacional (OEP) cuenta con el Reglamento para el Trámite de Recepción de Renuncias y Denuncias, a fin de garantizar los derechos políticos de las mujeres candidatas, electas o en función político-pública.
La autoridad electoral precisó que el año pasado se conoció 14 casos, de los cuales uno corresponde a renuncia con acoso. Al respecto, el TED no aceptó la dimisión, en el marco del artículo 5, parágrafo V, numeral 1 del Reglamento para el Trámite de Recepción de Renuncias y Denuncias por acoso y Violencia Política de Mujeres Candidatas, Electas o en Función Político-Pública.
De todos los casos atendidos en 2022, uno fue presentado por la Alcaldesa de Teoponte y otro, por una asambleísta del departamento de La Paz. Las otras denuncias fueron hechas por concejalas de diferentes gobiernos municipales.
En lo que va de 2023 se recibió la denuncia de una suplente del Consejo de la Magistratura, por presunto acoso. El otro caso corresponde a una concejala suplente del municipio de Teoponte.
La vocal Yujra enfatizó que las denuncias en su mayoría fueron presentadas por concejalas debido a que realizaron labores de fiscalización al Ejecutivo municipal, por lo que denunciaron acoso, pues se retuvo o se les retrasó el pago de sus haberes, así como otras actuaciones que afectaron el ejercicio pleno de sus derechos políticos.
Las denunciantes también apuntaron a concejales suplentes, autoridades sindicales y a otras organizaciones vivas. “A través de sus relatos, cuando hicieron las denuncias, afirmaron que son acosadas y que buscan cansarlas para que dejen sus cargos. Por ello sufren hostigamiento y temen por sus vidas en las comunidades”, afirmó la vocal Yujra.
Ante esa situación, la autoridad electoral recordó que para la atención de casos de acoso y violencia política, el Órgano Electoral Plurinacional (OEP) cuenta con el Reglamento para el Trámite de Recepción de Renuncias y Denuncias, a fin de garantizar los derechos políticos de las mujeres candidatas, electas o en función político-pública.
