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La Presidenta del Tribunal Supremo Electoral (TSE), Katia Uriona Gamarra, informó que esta entidad electoral se constituirá en parte coadyuvante en el proceso penal iniciado por la concejala del municipio de Tapacarí, Erinia Villa Nina, en contra del alcalde Severino Vargas y el presidente del Concejo municipal, Ignacio Mendoza, por acoso político e intento de violación.
“En el marco de la generación de mecanismos específicos, amparados en la Ley Contra el Acoso y Violencia Política en nuestro país, el Tribunal Supremo Electoral también va a convertirse, como establece su reglamento, en parte coadyuvante en este proceso”, anunció Uriona.
La presidenta del TSE mencionó que de acuerdo al Reglamento para el Trámite de recepción de Renuncias y Denuncias por Acoso y Violencia Política de Mujeres Candidatas, Electas o en Función Político Pública aprobado por la Sala Plena, el Órgano Electoral Plurinacional debe realizar el seguimiento correspondiente a los casos de acoso y violencia política denunciados por las autoridades mujeres electas, de tal manera que se pueda coadyuvar en los procesos cuando ellas definan iniciarlos por la vía penal.
“Entendemos que la Fiscalía ha activado ya un proceso como corresponde para hacer las investigaciones tanto por acoso y violencia política, por intento de violación, como por agresiones. Esperamos que la vía que establece la Ley respecto a situaciones específicas como las ocurridas con la Concejala en Tapacarí permita contar con este procedimiento establecido por la ley a través de la vía penal”, aseveró la autoridad electoral.
Uriona, quien emitió esta posición del TSE durante el lanzamiento de las jornadas de deliberación para la construcción de un proyecto de Ley de Organizaciones Políticas, mencionó que en este debate también se incorporará el tema de acoso y violencia política en contra de las mujeres, a fin de que las organizaciones políticas asuman también una responsabilidad en la erradicación de este problema.
“Se ha planteado en la propuesta de discusión que va a ser puesta a consideración, el contar dentro de las organizaciones con un régimen especial de género; éste tendrá la tarea de fortalecer y visibilizar, acompañar y promover la participación de las mujeres al interior de las organizaciones políticas pero también trabajar de manera específica mecanismos de prevención de acompañamiento y de sanción en casos de acoso y violencia política”, explicó.
De acuerdo al análisis desarrollado por Uriona, el incremento de los casos de acoso y violencia política ejercidos contra las mujeres se encuentra en la medida del incremento en la participación en el sistema de representación paritaria que se tiene en el país.
La presidenta del TSE mencionó que de acuerdo al Reglamento para el Trámite de recepción de Renuncias y Denuncias por Acoso y Violencia Política de Mujeres Candidatas, Electas o en Función Político Pública aprobado por la Sala Plena, el Órgano Electoral Plurinacional debe realizar el seguimiento correspondiente a los casos de acoso y violencia política denunciados por las autoridades mujeres electas, de tal manera que se pueda coadyuvar en los procesos cuando ellas definan iniciarlos por la vía penal.
“Entendemos que la Fiscalía ha activado ya un proceso como corresponde para hacer las investigaciones tanto por acoso y violencia política, por intento de violación, como por agresiones. Esperamos que la vía que establece la Ley respecto a situaciones específicas como las ocurridas con la Concejala en Tapacarí permita contar con este procedimiento establecido por la ley a través de la vía penal”, aseveró la autoridad electoral.
* Uriona hizo el anuncio durante el inicio de las jornadas de deliberación para la construcción del proyecto de Ley de Organizaciones Políticas.
Uriona, quien emitió esta posición del TSE durante el lanzamiento de las jornadas de deliberación para la construcción de un proyecto de Ley de Organizaciones Políticas, mencionó que en este debate también se incorporará el tema de acoso y violencia política en contra de las mujeres, a fin de que las organizaciones políticas asuman también una responsabilidad en la erradicación de este problema.
“Se ha planteado en la propuesta de discusión que va a ser puesta a consideración, el contar dentro de las organizaciones con un régimen especial de género; éste tendrá la tarea de fortalecer y visibilizar, acompañar y promover la participación de las mujeres al interior de las organizaciones políticas pero también trabajar de manera específica mecanismos de prevención de acompañamiento y de sanción en casos de acoso y violencia política”, explicó.
De acuerdo al análisis desarrollado por Uriona, el incremento de los casos de acoso y violencia política ejercidos contra las mujeres se encuentra en la medida del incremento en la participación en el sistema de representación paritaria que se tiene en el país.
