Imagen:
El presidente del Tribunal Supremo Electoral (TSE), Salvador Romero Ballivián, informó que la entidad electoral aprobó este jueves 9 de enero, un presupuesto de Bs 201 millones para la administración de las Elecciones Generales del 3 de mayo.
La autoridad indicó que de este total, Bs 166 millones están destinados a toda la organización y movilización logística que implicará el proceso electoral; mientras que Bs 35 millones estarán destinados al fortalecimiento público.
“Nos comprometimos con el país a presentar un presupuesto austero. Estamos trabajando con un calendario que es más ajustado, por lo que hemos buscado ajustar algunas partidas y ser más austeros y, en otros casos, buscar un uso más eficiente de los recursos”, aseveró Romero.
La autoridad indicó que el desarrollo de las actividades previstas en el Calendario para las Elecciones Generales 2020 se realizarán de acuerdo a la programación prevista y a partir de dos componentes: la solvencia técnica y la imparcialidad política.
Fortalecimiento público: forma parte del modelo de financiamiento mixto, que se introdujo en la Ley N° 1096 de Organizaciones Políticas, con el fin de “garantizar el pluralismo político, condiciones de mayor igualdad en la competencia electoral y mecanismos de transparencia y rendición de cuentas, el modelo adoptado en el Estado Plurinacional de Bolivia para las organizaciones políticas es mixto, constituido por financiamiento privado con restricciones y fortalecimiento público”.
“Nos comprometimos con el país a presentar un presupuesto austero. Estamos trabajando con un calendario que es más ajustado, por lo que hemos buscado ajustar algunas partidas y ser más austeros y, en otros casos, buscar un uso más eficiente de los recursos”, aseveró Romero.
La autoridad indicó que el desarrollo de las actividades previstas en el Calendario para las Elecciones Generales 2020 se realizarán de acuerdo a la programación prevista y a partir de dos componentes: la solvencia técnica y la imparcialidad política.
Fortalecimiento público: forma parte del modelo de financiamiento mixto, que se introdujo en la Ley N° 1096 de Organizaciones Políticas, con el fin de “garantizar el pluralismo político, condiciones de mayor igualdad en la competencia electoral y mecanismos de transparencia y rendición de cuentas, el modelo adoptado en el Estado Plurinacional de Bolivia para las organizaciones políticas es mixto, constituido por financiamiento privado con restricciones y fortalecimiento público”.