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La vocal de Tribunal Supremo Electoral (TSE), Dina Chuquimia, informó este miércoles que en los encuentros departamentales, las asambleístas y concejalas coincidieron en la necesidad de implementar protocolos de atención a las víctimas de acoso y violencia política.
“Esta problemática se visibilizó mayormente en los concejos municipales y asambleas departamentales, donde no existe una instancia de atención y seguimiento a los casos de acoso y violencia política”, manifestó la vocal del TSE, Dina Chuquimia, al brindar un informe en la Cumbre Nacional contra el acoso y la violencia política.
Chuquimia explicó que como no existe un protocolo, una comisión o un comité de ética que sea el filtro de las denuncias, no hay la posibilidad de saber lo que está pasando con las autoridades electas.
Afirmó que en los encuentros departamentales se visibilizaron varios casos de acoso y violencia política contra las autoridades electas. “Escuchamos y vimos que algunas autoridades mujeres sufren (acoso y violencia)”, relató la Autoridad electoral.
Detalló el caso de la Presidenta del Concejo municipal de San Pedro de Curahuara (La Paz), que denunció públicamente al Alcalde de ese municipio y acudió a la Policía, que equivocó el camino y la mandó a hacer una denuncia por “violencia doméstica”. También mencionó el caso de la concejala de Riberalta, Soraya Destre, que vivió un acoso sistemático hasta llegar a la violencia física cuando le fracturaron la muñeca de su mano. Relató además la denuncia de la Presidenta de la Asamblea Departamental del Beni a quien sus correligionarios intentaron hacerle renunciar.
Chuquimia acotó que una de las mayores dificultades que se determinó en los encuentros fue que las denuncias de acoso y violencia política muchas veces son confundidas por el personal de la Policía o el Ministerio Público como violencia doméstica. “Inclusive recomiendan que concilien con el agresor y bueno, ya ni se diga en el Órgano Judicial, que al parecer los casos se durmieron el sueño de los justos”, agregó la Vocal del TSE.
Ante esa situación, Chuquimia explicó que es necesario trabajar de manera coordinada entre todas las instituciones del Estado: Órgano Electoral, Fiscalía, Policía Nacional, Defensoría del Pueblo, Asamblea Legislativa, Asambleas departamentales, municipios y otras entidades, para avanzar en la lucha contra el acoso y la violencia política.
Chuquimia explicó que como no existe un protocolo, una comisión o un comité de ética que sea el filtro de las denuncias, no hay la posibilidad de saber lo que está pasando con las autoridades electas.
Afirmó que en los encuentros departamentales se visibilizaron varios casos de acoso y violencia política contra las autoridades electas. “Escuchamos y vimos que algunas autoridades mujeres sufren (acoso y violencia)”, relató la Autoridad electoral.
Detalló el caso de la Presidenta del Concejo municipal de San Pedro de Curahuara (La Paz), que denunció públicamente al Alcalde de ese municipio y acudió a la Policía, que equivocó el camino y la mandó a hacer una denuncia por “violencia doméstica”. También mencionó el caso de la concejala de Riberalta, Soraya Destre, que vivió un acoso sistemático hasta llegar a la violencia física cuando le fracturaron la muñeca de su mano. Relató además la denuncia de la Presidenta de la Asamblea Departamental del Beni a quien sus correligionarios intentaron hacerle renunciar.
Chuquimia acotó que una de las mayores dificultades que se determinó en los encuentros fue que las denuncias de acoso y violencia política muchas veces son confundidas por el personal de la Policía o el Ministerio Público como violencia doméstica. “Inclusive recomiendan que concilien con el agresor y bueno, ya ni se diga en el Órgano Judicial, que al parecer los casos se durmieron el sueño de los justos”, agregó la Vocal del TSE.
Ante esa situación, Chuquimia explicó que es necesario trabajar de manera coordinada entre todas las instituciones del Estado: Órgano Electoral, Fiscalía, Policía Nacional, Defensoría del Pueblo, Asamblea Legislativa, Asambleas departamentales, municipios y otras entidades, para avanzar en la lucha contra el acoso y la violencia política.
