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Señoras y Señores:
Sean bienvenidos y bienvenidas a este Cuarto Encuentro por la Democracia, un espacio de diálogo entre los Órganos del Estado, el Tribunal Constitucional Plurinacional, el Ministerio Público, los candidatos de las organizaciones políticas y miembros de la comunidad internacional.
En nuestro Primer Encuentro declaramos que es un deber y responsabilidad de todos los Órganos del poder público garantizar la realización de procesos electorales con integridad, seguridad, transparencia, competitividad y con la más amplia participación ciudadana.
Este primer Encuentro resaltó el mandato legal de la corresponsabilidad que tienen los Órganos del Estado, las organizaciones políticas, las organizaciones de la sociedad civil y la ciudadanía en general, en la realización y buen desarrollo de los procesos electorales.
En los subsecuentes encuentros se expresó el respaldo al Órgano Electoral para que lleve adelante la administración de las Elecciones Judiciales y también este proceso de Elecciones Nacionales 2025, con la pretensión de lograr su blindaje jurídico, económico y organizativo.
En estos espacios de dialogo, sin duda, primó la buena voluntad de los asistentes, para buscar y encontrar los caminos y las vías que permitan dar certeza a los procesos electorales, pero en los hechos se dejó al Tribunal Supremo Electoral y al Órgano Electoral en su conjunto, librado a su suerte, ya que el apoyo fue simplemente moral.
Con la Elección Judicial aunque tuvo un carácter parcial, el Órgano Electoral cumplió su rol constitucional de organización y administración de procesos electorales, sin embargo no existió el blindaje necesario ni suficiente.
En este cuarto Encuentro, sólo tenemos un objetivo esencial: GARANTIZAR EL DESARROLLO DEL PROCESO ELECTORAL EN CONDICIONES NORMALES, CON TRANQUILIDAD, CON PAZ SOCIAL Y CON LA PARTICIPACIÓN LIBRE Y VOLUNTARIA DE TODOS LOS BOLIVIANOS Y BOLIVIANAS.
En un anterior encuentro recalqué la importancia de que este proceso 2025 se realice sin interferencias de ninguna clase, en el plazo previsto y en el marco de los principios de soberanía popular, igualdad, representación, pluralismo político y otros que refiere el artículo segundo de la Ley 026.
Pero, en ese camino, hemos tropezado con varios escollos, que no puedo dejar de mencionar:
PRIMERO: No hemos contado con la provisión de los recursos suficientes y oportunos para el voto de las bolivianas y bolivianos residentes en el exterior. Llevar adelante el empadronamiento fue una tarea de titanes, como dije en alguna entrevista tuvimos que oficiar de Mandrakes. Logramos cumplir el objetivo gracias al apoyo de algunos Embajadores y, sobre todo, gracias al apoyo de los propios connacionales. Nos consta que el señor Presidente dio las instrucciones necesarias y oportunas para que se atiendan nuestros requerimientos, pero no faltó algún funcionario del Ministerio de Economía o del Banco Central que nos envió una carta señalando que los desembolsos de divisas se harán en función a la “disponibilidad” de las mismas. Es decir, contaremos con las divisas cuando buenamente exista disponibilidad. Obviamente, el resultado de esta política es que recién hace dos o tres días hemos podido pagar los sueldos del mes de abril a nuestros funcionarios en el exterior. Esto no puede seguir así. No podemos estar a expensas de una incierta disponibilidad. El garantizar las elecciones es una cuestión de Estado. El tema sale de las manos y de la responsabilidad del Órgano Electoral.
SEGUNDO: En el Tercer Encuentro hubo un compromiso de blindar el proceso con un paquete de leyes que se consideraba necesario para llevar adelante el proceso. El compromiso no se cumplió, hasta hoy solo se aprobó una Ley, la del TREP. Esto nos muestra que no hubo la suficiente voluntad de parte de la Asamblea Legislativa. A decir verdad, el resto de las leyes –salvo la referida al debate obligatorio- ya no son necesarias. No vale la pena que el Órgano Legislativo continúe con su tratamiento. En lugar de analizar esos proyectos, creemos que la Asamblea Legislativa debe retornar al análisis y tratamiento del crédito japonés y/o de otros créditos, ya que eso nos permitirá continuar con la elección en el exterior sin contratiempos.
TERCERO: Por sí fuera poco lo mencionado hasta ahora, observamos en el país una situación de gran confrontación, con marchas, bloqueos, asedios al edificio del Tribunal Supremo Electoral, e incluso amenazas a la seguridad personal y familiar de algunos vocales. Se trata de algo inédito en procesos electorales y todo por el capricho, la ambición o la legítima aspiración de una persona o de un grupo de personas, que han dejado de lado los mecanismos legales y han optado por provocar este estado de convulsión.
Somos un país diverso y podemos tener opiniones encontradas y puntos de vista diferentes, pero los bolivianos necesitamos paz social y tranquilidad para ir a las urnas. Condenamos y a la vez lamentamos que estas peleas estén cobrando vidas de miembros de la policía nacional. Debemos dejar a un lado los enfrentamientos entre bolivianos, debe primar la racionalidad y la cordura. Si hay que luchar por algo, hagámoslo en el plano de las ideas y en el marco de la legalidad. No podemos darnos el lujo de enfrentarnos entre hermanos, de provocar heridos y hasta muertos. Desde aquí hacemos llegar toda nuestra solidaridad a las familias que han perdido a un padre, a un hermano o a un hijo.
CUARTO: Pero el Tribunal Supremo Electoral no sólo vive o sufre una etapa de confrontación física, sino que se encuentra acosado por decenas de acciones constitucionales de todo tipo, incluyendo dos que pretenden revivir partidos políticos cuya personería jurídica fue cancelada hace muchos años, como son los casos de la Falange Socialista Boliviana (FSB) y del Movimiento de la Izquierda Revolucionaria-MIR, pasando por otras que buscan cancelar la personería de algunas organizaciones vigentes y, sin duda, buscan destruir el sistema de partidos políticos en el país. Pero, lo más grave se dio ayer, cuando en un Juzgado de Yungas, se dio curso a una acción constitucional destinada a destituir una Magistrada del Tribunal Supremo de Justicia recientemente electa, sin cumplir las mínimas formalidades, ya que se notificó sólo a algunos de los Vocales del TSE con una hora de anticipación a la Audiencia. Cualquier observación que pudiera corresponder debió hacerse en la etapa de postulación ante la Asamblea Legislativa, que justamente abre un periodo de Impugnaciones para este objeto. El dar curso a esta acción, se constituye nuevamente en un gravísimo atentado al principio de preclusión, que el Tribunal Supremo Electoral no está dispuesto a tolerar.
Obviamente, este Encuentro no está destinado a tratar estos temas, pero los menciono porque debido a la necesidad de atender estos requerimientos judiciales, una buena parte de nuestro personal no puede ocuparse de los demás estrictamente electorales.
El Tribunal Constitucional Plurinacional, sin embargo, en enero de este año, nos dio una señal de apoyo institucional para evitar que las acciones constitucionales de defensa sean mal utilizadas y se busque frenar o echar por la borda el Calendario Electoral. Estas acciones de amparo, de libertad y de cumplimiento, que aparentemente estarían hábilmente coordinadas, no pueden entenderse sino como un asedio judicial que no solo desgasta la atención de los miembros de este Tribunal, sino que significan un desprecio por la legalidad y la democracia, por parte de quienes las interponen. El pueblo boliviano quiere democracia y quiere elegir a sus autoridades.
QUINTO: Algo parecido sucede con el tema de las peticiones de informe escrito y oral, que muchos integrantes de la Asamblea Legislativa nos hacen llegar permanentemente, por supuesto en uso de sus atribuciones. No objetamos el mecanismo, pero ocurre que se repiten con tanta frecuencia que mucha de nuestra gente tiene que descuidar sus labores electorales para dedicarse a preparar las respuestas.
Son momentos difíciles, hay fuerzas oscuras que están complotando no sólo contra el proceso electoral de agosto de este año, sino que están intentando destruir la democracia boliviana. No podemos equivocarnos. Debemos tener las ideas claras y estar dispuestos a defenderla como corresponde. No podemos volver al pasado. No podemos aceptar que se atente contra la democracia que nos costó sangre, dolor y luto.
En ese sentido, el Tribunal Supremo Electoral considera absolutamente necesario hacer las siguientes exhortaciones:
1.- Al Órgano Ejecutivo, para que en el marco de sus competencias, brinde la seguridad y garantice la paz social y tranquilidad para el desarrollo de las Elecciones.
2.- Al Ministerio Público para que inicie las acciones que correspondan contra quienes obstaculizan el proceso electoral, contra quienes cometan delitos y atenten contra el desarrollo del proceso electoral.
3.- Al Órgano Judicial para que prosiga las acciones judiciales penales, civiles y de otra índole que se hubieren iniciado de parte del Ministerio Público, hasta su conclusión.
4.- A la Asamblea Legislativa, para que de una vez por todas apruebe los créditos necesarios que permitan garantizar el voto en el exterior. Reitero que los demás proyectos de ley ya no son necesarios, salvo el referido a los debates.
5.- A las organizaciones políticas, a realizar campaña y propaganda en el marco normativo reglamentario, a respetar la alternancia y paridad en sus listas y a cumplir a cabalidad su programa de gobierno.
6.- A la Cooperación Internacional, para que en esta etapa crítica, nos brinde un apoyo efectivo en las tareas realmente importantes que tienen que ver con el proceso electoral como el TREP y el Padrón Electoral.
7.- De nuestra parte, garantizamos que se hará realidad el TREP, garantizamos un proceso electoral transparente y por ello, como ya lo dijimos, entregaremos a las Organizaciones Políticas el listado de ciudadanos de cada una de las mesas y, como siempre, entregaremos una copia del acta de cómputo de todas las mesas. Todos pueden ejercer el control sobre el desarrollo del proceso electoral. No existen ni existirán trabas para tal propósito. Al contrario, nos interesa que la ciudadanía se involucre y haga ese control. Hemos invitado a diversas entidades internacionales y nacionales para que nos acompañen en este proceso y realicen tareas de observación electoral. No hay nada secreto. Todo está a disposición de las y los ciudadanos. Respecto al padrón, reiteramos que es un instrumento confiable. Aun así, hemos intentado por varias vías que se pueda hacer una auditoría. No lo hemos conseguido. Por ello, ahora hago una invitación pública a todos los partidos y alianzas, para que en el plazo más breve posible acrediten un par de delegados técnicos y podamos conformar una Comisión que haga una revisión del padrón. Jamás nos opusimos a esto.
Finalmente, exhortamos a las y los ciudadanos movilizados a deponer sus acciones, buscando otros medios legales para hacer valer sus derechos.
Todos los presentes debemos garantizar el proceso electoral 2025. Es nuestra responsabilidad y nuestro objetivo fundamental, el país nos los exige. Por eso mismo, debe existir la voluntad de cumplir los compromisos asumidos en anteriores encuentros. De lo contrario, nuevamente estaremos sentados para no decirle nada al pueblo boliviano que espera una señal de los órganos del poder público de que el proceso electoral 2025 se va a realizar en las mejores condiciones. Si no podemos cumplir estos compromisos o no tenemos la voluntad de hacerlo, será mejor que nos vayamos a nuestras casas.
Agradezco a nombre del Tribunal Supremo Electoral, por su valiosa presencia, reiterando lo que dije en el último encuentro: Que la divina providencia nos ilumine a todos y nos permita avanzar sin contratiempos en el proceso electoral 2025.
MUCHAS GRACIAS
Sean bienvenidos y bienvenidas a este Cuarto Encuentro por la Democracia, un espacio de diálogo entre los Órganos del Estado, el Tribunal Constitucional Plurinacional, el Ministerio Público, los candidatos de las organizaciones políticas y miembros de la comunidad internacional.
En nuestro Primer Encuentro declaramos que es un deber y responsabilidad de todos los Órganos del poder público garantizar la realización de procesos electorales con integridad, seguridad, transparencia, competitividad y con la más amplia participación ciudadana.
Este primer Encuentro resaltó el mandato legal de la corresponsabilidad que tienen los Órganos del Estado, las organizaciones políticas, las organizaciones de la sociedad civil y la ciudadanía en general, en la realización y buen desarrollo de los procesos electorales.
En los subsecuentes encuentros se expresó el respaldo al Órgano Electoral para que lleve adelante la administración de las Elecciones Judiciales y también este proceso de Elecciones Nacionales 2025, con la pretensión de lograr su blindaje jurídico, económico y organizativo.
En estos espacios de dialogo, sin duda, primó la buena voluntad de los asistentes, para buscar y encontrar los caminos y las vías que permitan dar certeza a los procesos electorales, pero en los hechos se dejó al Tribunal Supremo Electoral y al Órgano Electoral en su conjunto, librado a su suerte, ya que el apoyo fue simplemente moral.
Con la Elección Judicial aunque tuvo un carácter parcial, el Órgano Electoral cumplió su rol constitucional de organización y administración de procesos electorales, sin embargo no existió el blindaje necesario ni suficiente.
En este cuarto Encuentro, sólo tenemos un objetivo esencial: GARANTIZAR EL DESARROLLO DEL PROCESO ELECTORAL EN CONDICIONES NORMALES, CON TRANQUILIDAD, CON PAZ SOCIAL Y CON LA PARTICIPACIÓN LIBRE Y VOLUNTARIA DE TODOS LOS BOLIVIANOS Y BOLIVIANAS.
En un anterior encuentro recalqué la importancia de que este proceso 2025 se realice sin interferencias de ninguna clase, en el plazo previsto y en el marco de los principios de soberanía popular, igualdad, representación, pluralismo político y otros que refiere el artículo segundo de la Ley 026.
Pero, en ese camino, hemos tropezado con varios escollos, que no puedo dejar de mencionar:
PRIMERO: No hemos contado con la provisión de los recursos suficientes y oportunos para el voto de las bolivianas y bolivianos residentes en el exterior. Llevar adelante el empadronamiento fue una tarea de titanes, como dije en alguna entrevista tuvimos que oficiar de Mandrakes. Logramos cumplir el objetivo gracias al apoyo de algunos Embajadores y, sobre todo, gracias al apoyo de los propios connacionales. Nos consta que el señor Presidente dio las instrucciones necesarias y oportunas para que se atiendan nuestros requerimientos, pero no faltó algún funcionario del Ministerio de Economía o del Banco Central que nos envió una carta señalando que los desembolsos de divisas se harán en función a la “disponibilidad” de las mismas. Es decir, contaremos con las divisas cuando buenamente exista disponibilidad. Obviamente, el resultado de esta política es que recién hace dos o tres días hemos podido pagar los sueldos del mes de abril a nuestros funcionarios en el exterior. Esto no puede seguir así. No podemos estar a expensas de una incierta disponibilidad. El garantizar las elecciones es una cuestión de Estado. El tema sale de las manos y de la responsabilidad del Órgano Electoral.
SEGUNDO: En el Tercer Encuentro hubo un compromiso de blindar el proceso con un paquete de leyes que se consideraba necesario para llevar adelante el proceso. El compromiso no se cumplió, hasta hoy solo se aprobó una Ley, la del TREP. Esto nos muestra que no hubo la suficiente voluntad de parte de la Asamblea Legislativa. A decir verdad, el resto de las leyes –salvo la referida al debate obligatorio- ya no son necesarias. No vale la pena que el Órgano Legislativo continúe con su tratamiento. En lugar de analizar esos proyectos, creemos que la Asamblea Legislativa debe retornar al análisis y tratamiento del crédito japonés y/o de otros créditos, ya que eso nos permitirá continuar con la elección en el exterior sin contratiempos.
TERCERO: Por sí fuera poco lo mencionado hasta ahora, observamos en el país una situación de gran confrontación, con marchas, bloqueos, asedios al edificio del Tribunal Supremo Electoral, e incluso amenazas a la seguridad personal y familiar de algunos vocales. Se trata de algo inédito en procesos electorales y todo por el capricho, la ambición o la legítima aspiración de una persona o de un grupo de personas, que han dejado de lado los mecanismos legales y han optado por provocar este estado de convulsión.
Somos un país diverso y podemos tener opiniones encontradas y puntos de vista diferentes, pero los bolivianos necesitamos paz social y tranquilidad para ir a las urnas. Condenamos y a la vez lamentamos que estas peleas estén cobrando vidas de miembros de la policía nacional. Debemos dejar a un lado los enfrentamientos entre bolivianos, debe primar la racionalidad y la cordura. Si hay que luchar por algo, hagámoslo en el plano de las ideas y en el marco de la legalidad. No podemos darnos el lujo de enfrentarnos entre hermanos, de provocar heridos y hasta muertos. Desde aquí hacemos llegar toda nuestra solidaridad a las familias que han perdido a un padre, a un hermano o a un hijo.
CUARTO: Pero el Tribunal Supremo Electoral no sólo vive o sufre una etapa de confrontación física, sino que se encuentra acosado por decenas de acciones constitucionales de todo tipo, incluyendo dos que pretenden revivir partidos políticos cuya personería jurídica fue cancelada hace muchos años, como son los casos de la Falange Socialista Boliviana (FSB) y del Movimiento de la Izquierda Revolucionaria-MIR, pasando por otras que buscan cancelar la personería de algunas organizaciones vigentes y, sin duda, buscan destruir el sistema de partidos políticos en el país. Pero, lo más grave se dio ayer, cuando en un Juzgado de Yungas, se dio curso a una acción constitucional destinada a destituir una Magistrada del Tribunal Supremo de Justicia recientemente electa, sin cumplir las mínimas formalidades, ya que se notificó sólo a algunos de los Vocales del TSE con una hora de anticipación a la Audiencia. Cualquier observación que pudiera corresponder debió hacerse en la etapa de postulación ante la Asamblea Legislativa, que justamente abre un periodo de Impugnaciones para este objeto. El dar curso a esta acción, se constituye nuevamente en un gravísimo atentado al principio de preclusión, que el Tribunal Supremo Electoral no está dispuesto a tolerar.
Obviamente, este Encuentro no está destinado a tratar estos temas, pero los menciono porque debido a la necesidad de atender estos requerimientos judiciales, una buena parte de nuestro personal no puede ocuparse de los demás estrictamente electorales.
El Tribunal Constitucional Plurinacional, sin embargo, en enero de este año, nos dio una señal de apoyo institucional para evitar que las acciones constitucionales de defensa sean mal utilizadas y se busque frenar o echar por la borda el Calendario Electoral. Estas acciones de amparo, de libertad y de cumplimiento, que aparentemente estarían hábilmente coordinadas, no pueden entenderse sino como un asedio judicial que no solo desgasta la atención de los miembros de este Tribunal, sino que significan un desprecio por la legalidad y la democracia, por parte de quienes las interponen. El pueblo boliviano quiere democracia y quiere elegir a sus autoridades.
QUINTO: Algo parecido sucede con el tema de las peticiones de informe escrito y oral, que muchos integrantes de la Asamblea Legislativa nos hacen llegar permanentemente, por supuesto en uso de sus atribuciones. No objetamos el mecanismo, pero ocurre que se repiten con tanta frecuencia que mucha de nuestra gente tiene que descuidar sus labores electorales para dedicarse a preparar las respuestas.
Son momentos difíciles, hay fuerzas oscuras que están complotando no sólo contra el proceso electoral de agosto de este año, sino que están intentando destruir la democracia boliviana. No podemos equivocarnos. Debemos tener las ideas claras y estar dispuestos a defenderla como corresponde. No podemos volver al pasado. No podemos aceptar que se atente contra la democracia que nos costó sangre, dolor y luto.
En ese sentido, el Tribunal Supremo Electoral considera absolutamente necesario hacer las siguientes exhortaciones:
1.- Al Órgano Ejecutivo, para que en el marco de sus competencias, brinde la seguridad y garantice la paz social y tranquilidad para el desarrollo de las Elecciones.
2.- Al Ministerio Público para que inicie las acciones que correspondan contra quienes obstaculizan el proceso electoral, contra quienes cometan delitos y atenten contra el desarrollo del proceso electoral.
3.- Al Órgano Judicial para que prosiga las acciones judiciales penales, civiles y de otra índole que se hubieren iniciado de parte del Ministerio Público, hasta su conclusión.
4.- A la Asamblea Legislativa, para que de una vez por todas apruebe los créditos necesarios que permitan garantizar el voto en el exterior. Reitero que los demás proyectos de ley ya no son necesarios, salvo el referido a los debates.
5.- A las organizaciones políticas, a realizar campaña y propaganda en el marco normativo reglamentario, a respetar la alternancia y paridad en sus listas y a cumplir a cabalidad su programa de gobierno.
6.- A la Cooperación Internacional, para que en esta etapa crítica, nos brinde un apoyo efectivo en las tareas realmente importantes que tienen que ver con el proceso electoral como el TREP y el Padrón Electoral.
7.- De nuestra parte, garantizamos que se hará realidad el TREP, garantizamos un proceso electoral transparente y por ello, como ya lo dijimos, entregaremos a las Organizaciones Políticas el listado de ciudadanos de cada una de las mesas y, como siempre, entregaremos una copia del acta de cómputo de todas las mesas. Todos pueden ejercer el control sobre el desarrollo del proceso electoral. No existen ni existirán trabas para tal propósito. Al contrario, nos interesa que la ciudadanía se involucre y haga ese control. Hemos invitado a diversas entidades internacionales y nacionales para que nos acompañen en este proceso y realicen tareas de observación electoral. No hay nada secreto. Todo está a disposición de las y los ciudadanos. Respecto al padrón, reiteramos que es un instrumento confiable. Aun así, hemos intentado por varias vías que se pueda hacer una auditoría. No lo hemos conseguido. Por ello, ahora hago una invitación pública a todos los partidos y alianzas, para que en el plazo más breve posible acrediten un par de delegados técnicos y podamos conformar una Comisión que haga una revisión del padrón. Jamás nos opusimos a esto.
Finalmente, exhortamos a las y los ciudadanos movilizados a deponer sus acciones, buscando otros medios legales para hacer valer sus derechos.
Todos los presentes debemos garantizar el proceso electoral 2025. Es nuestra responsabilidad y nuestro objetivo fundamental, el país nos los exige. Por eso mismo, debe existir la voluntad de cumplir los compromisos asumidos en anteriores encuentros. De lo contrario, nuevamente estaremos sentados para no decirle nada al pueblo boliviano que espera una señal de los órganos del poder público de que el proceso electoral 2025 se va a realizar en las mejores condiciones. Si no podemos cumplir estos compromisos o no tenemos la voluntad de hacerlo, será mejor que nos vayamos a nuestras casas.
Agradezco a nombre del Tribunal Supremo Electoral, por su valiosa presencia, reiterando lo que dije en el último encuentro: Que la divina providencia nos ilumine a todos y nos permita avanzar sin contratiempos en el proceso electoral 2025.
MUCHAS GRACIAS
