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Distinguidas delegadas y delegados de las organizaciones políticas de todo el país, autoridades del Órgano Electoral Plurinacional, representantes de las diferentes instituciones, medios de comunicación, pueblo boliviano.
Sean todas y todos bienvenidos a esta Reunión Multipartidaria Nacional convocada por el Tribunal Supremo Electoral. Hoy nos convoca un momento decisivo para el país. Bolivia se encamina hacia un nuevo proceso electoral y, como Órgano Electoral Plurinacional, tenemos el mandato constitucional de garantizar elecciones libres, transparentes y confiables. Sin embargo, esta responsabilidad no recae únicamente en el Tribunal Supremo Electoral; es una tarea compartida con todas las organizaciones políticas aquí presentes y con el conjunto de la ciudadanía.
En este contexto, deseo iniciar reivindicando el principio de preclusión, uno de los pilares del derecho electoral. La preclusión no es una formalidad ni una barrera arbitraria; es la garantía de certeza, orden y estabilidad del proceso electoral. Respetar los plazos, las etapas y las decisiones adoptadas conforme a ley es una obligación democrática. Sin preclusión no hay seguridad jurídica, y sin seguridad jurídica no hay democracia.
De manera complementaria, el principio de legalidad debe guiar permanentemente la actuación de las organizaciones políticas. La competencia electoral se desarrolla dentro del marco de la Constitución y la ley, en condiciones de igualdad y con respeto a las reglas del juego democrático. La legalidad no es optativa ni selectiva: se cumple incluso cuando las decisiones no favorecen intereses particulares, porque solo así se protege el derecho ciudadano a un voto libre e informado.
Quiero ser enfático el día de hoy con todos ustedes, el país exige un compromiso con la democracia que se exprese en el respeto a las reglas desde el inicio hasta el final del proceso, y en la aceptación de que las etapas concluyen y las decisiones adoptadas conforme a ley no se revisan por ningún tipo de presión.
Del mismo modo, respetar el principio de legalidad implica actuar siempre dentro del marco constitucional, aun cuando ello resulte adverso. La legalidad no se negocia ni se instrumentaliza: se cumple.
Solo así se garantiza la igualdad de condiciones entre todas las fuerzas políticas y se preserva la confianza ciudadana en el sistema electoral, que se va recuperando poco a poco en los últimos años, tarea que es compartida entre el Órgano Electoral Plurinacional y las organizaciones políticas.
En este escenario, no podemos dejar de referirnos a uno de los mayores desafíos que enfrenta hoy la democracia boliviana: la desinformación y la guerra sucia. Estas prácticas dañan profundamente el proceso electoral, distorsionan la verdad y erosionan la confianza ciudadana. No se puede hablar de compromiso democrático mientras se toleran campañas basadas en la mentira, la manipulación, el ataque personal o la deslegitimación sistemática de las instituciones. La desinformación no es una estrategia política; es una amenaza directa al voto informado y a la paz social.
Las organizaciones políticas tienen la responsabilidad histórica de desmarcarse clara y públicamente de estas prácticas, de sancionar internamente a quienes las promuevan y de apostar por una competencia basada en propuestas, ideas y programas.
Un tema central de este encuentro será el Padrón Electoral Biométrico. Las organizaciones políticas tienen el derecho y la obligación de revisarlo, de ejercer los mecanismos de control previstos en la ley y, sobre todo, de comunicar con responsabilidad al país sobre su consistencia y confiabilidad. El padrón es un instrumento técnico, transparente y permanentemente auditado. Utilizarlo como herramienta de confrontación política sin sustento técnico solo genera incertidumbre y afecta el derecho ciudadano al voto.
De igual forma, queremos garantizar ante ustedes el correcto funcionamiento del Sirepre y comprometernos con su transparencia, para que tanto ustedes como la gente vaya a dormir el día de las elecciones con la certeza de que tendrán una información oportuna y confiable.
Este espacio nos permite recomendar también a todas las delegadas y los delegados que respeten el principio de paridad y alternancia. Esta conquista política de las mujeres debe profundizarse en cada proceso, por lo que exhortamos a todos ustedes a cumplir rigurosamente lo que reza la norma.
Finalmente, quiero dirigirme no solo a las organizaciones políticas aquí presentes, sino también al pueblo boliviano. La democracia se honra respetando la voluntad popular. Por ello, es fundamental que todas las fuerzas políticas asuman, desde ahora, el compromiso democrático de respetar los resultados de la elección, cualquiera sea el desenlace, y de contribuir a la paz social. Las mayorías expresadas en las urnas deben ser respetadas, porque en ellas se manifiesta la soberanía del pueblo.
Bolivia necesita responsabilidad democrática, respeto a las instituciones y compromiso con la paz. Desde el Tribunal Supremo Electoral reafirmamos nuestra independencia, imparcialidad y apego irrestricto a la Constitución y las leyes. Esperamos, con la misma firmeza, que las organizaciones políticas estén a la altura de este momento histórico.
Defender la democracia no es una opción; es una obligación compartida.
Muchas gracias.
Sean todas y todos bienvenidos a esta Reunión Multipartidaria Nacional convocada por el Tribunal Supremo Electoral. Hoy nos convoca un momento decisivo para el país. Bolivia se encamina hacia un nuevo proceso electoral y, como Órgano Electoral Plurinacional, tenemos el mandato constitucional de garantizar elecciones libres, transparentes y confiables. Sin embargo, esta responsabilidad no recae únicamente en el Tribunal Supremo Electoral; es una tarea compartida con todas las organizaciones políticas aquí presentes y con el conjunto de la ciudadanía.
En este contexto, deseo iniciar reivindicando el principio de preclusión, uno de los pilares del derecho electoral. La preclusión no es una formalidad ni una barrera arbitraria; es la garantía de certeza, orden y estabilidad del proceso electoral. Respetar los plazos, las etapas y las decisiones adoptadas conforme a ley es una obligación democrática. Sin preclusión no hay seguridad jurídica, y sin seguridad jurídica no hay democracia.
De manera complementaria, el principio de legalidad debe guiar permanentemente la actuación de las organizaciones políticas. La competencia electoral se desarrolla dentro del marco de la Constitución y la ley, en condiciones de igualdad y con respeto a las reglas del juego democrático. La legalidad no es optativa ni selectiva: se cumple incluso cuando las decisiones no favorecen intereses particulares, porque solo así se protege el derecho ciudadano a un voto libre e informado.
Quiero ser enfático el día de hoy con todos ustedes, el país exige un compromiso con la democracia que se exprese en el respeto a las reglas desde el inicio hasta el final del proceso, y en la aceptación de que las etapas concluyen y las decisiones adoptadas conforme a ley no se revisan por ningún tipo de presión.
Del mismo modo, respetar el principio de legalidad implica actuar siempre dentro del marco constitucional, aun cuando ello resulte adverso. La legalidad no se negocia ni se instrumentaliza: se cumple.
Solo así se garantiza la igualdad de condiciones entre todas las fuerzas políticas y se preserva la confianza ciudadana en el sistema electoral, que se va recuperando poco a poco en los últimos años, tarea que es compartida entre el Órgano Electoral Plurinacional y las organizaciones políticas.
En este escenario, no podemos dejar de referirnos a uno de los mayores desafíos que enfrenta hoy la democracia boliviana: la desinformación y la guerra sucia. Estas prácticas dañan profundamente el proceso electoral, distorsionan la verdad y erosionan la confianza ciudadana. No se puede hablar de compromiso democrático mientras se toleran campañas basadas en la mentira, la manipulación, el ataque personal o la deslegitimación sistemática de las instituciones. La desinformación no es una estrategia política; es una amenaza directa al voto informado y a la paz social.
Las organizaciones políticas tienen la responsabilidad histórica de desmarcarse clara y públicamente de estas prácticas, de sancionar internamente a quienes las promuevan y de apostar por una competencia basada en propuestas, ideas y programas.
Un tema central de este encuentro será el Padrón Electoral Biométrico. Las organizaciones políticas tienen el derecho y la obligación de revisarlo, de ejercer los mecanismos de control previstos en la ley y, sobre todo, de comunicar con responsabilidad al país sobre su consistencia y confiabilidad. El padrón es un instrumento técnico, transparente y permanentemente auditado. Utilizarlo como herramienta de confrontación política sin sustento técnico solo genera incertidumbre y afecta el derecho ciudadano al voto.
De igual forma, queremos garantizar ante ustedes el correcto funcionamiento del Sirepre y comprometernos con su transparencia, para que tanto ustedes como la gente vaya a dormir el día de las elecciones con la certeza de que tendrán una información oportuna y confiable.
Este espacio nos permite recomendar también a todas las delegadas y los delegados que respeten el principio de paridad y alternancia. Esta conquista política de las mujeres debe profundizarse en cada proceso, por lo que exhortamos a todos ustedes a cumplir rigurosamente lo que reza la norma.
Finalmente, quiero dirigirme no solo a las organizaciones políticas aquí presentes, sino también al pueblo boliviano. La democracia se honra respetando la voluntad popular. Por ello, es fundamental que todas las fuerzas políticas asuman, desde ahora, el compromiso democrático de respetar los resultados de la elección, cualquiera sea el desenlace, y de contribuir a la paz social. Las mayorías expresadas en las urnas deben ser respetadas, porque en ellas se manifiesta la soberanía del pueblo.
Bolivia necesita responsabilidad democrática, respeto a las instituciones y compromiso con la paz. Desde el Tribunal Supremo Electoral reafirmamos nuestra independencia, imparcialidad y apego irrestricto a la Constitución y las leyes. Esperamos, con la misma firmeza, que las organizaciones políticas estén a la altura de este momento histórico.
Defender la democracia no es una opción; es una obligación compartida.
Muchas gracias.
