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El directorio que presidirá la CONAIOC por las siguientes dos gestiones.
La elección se realizó durante la Cuarta Asamblea Ordinaria que desarrollaron entre el 17 y 19 de octubre en Cochabamba.
La Coordinadora Nacional de Autonomías Indígenas Originario Campesinas (CONAIOC) eligió este jueves 19 de octubre a las y los seis integrantes de su Directorio, que en esta gestión, tendrá la presencia del 50% de mujeres y 50% de hombres.
La presidencia es ocupada por Clemente Salazar, del territorio indígena de Raqaypampa; Aida Gil Melgar, de San Miguel de Velasco (Santa Cruz), fue electa como Vicepresidenta; Petrona Flores Cuarete, por Charazani (La Paz), electa como Secretaría de Actas; Teresa Aruchari Cuellar, del municipio de Huacaya (Chuquisaca), quien ocupa el cargo de Secretaría de Hacienda; Bonifacio Lázaro Mollo, por la nación Uru Chipaya (Oruro), quien ocupa la Secretaría de Comunicación; y Gilberto Apaza Gutiérrez, del Jatun Ayllu Yura (Potosí), en la Secretaría de Género y Generacional.
La elección se realizó durante la Cuarta Asamblea Ordinaria que desarrollaron las y los representantes de 24 autonomías indígenas entre el 17 y el 19 de octubre en Cochabamba. El directorio reemplazará a Jaime Mamani Fernández de Chayanta, Clemente Salazar Choque, Rufino Quispe Apaza, Cristina Changaray Taborga, Eduardo Tapia Colque y Eliseo Pedrazas Zárate que conformaron el directorio entre el 2015 y 2017.
Salazar, junto al directorio deberá trabajar en el cumplimiento de los mandatos emanados de esta asamblea, entre las que se destacan el continuar la aprobación del anteproyecto de Ley de Régimen del Asociativismo de las Autonomías Indígenas; y de la presentación de un recurso de inconstitucionalidad al Tribunal Constitucional Plurinacional (TCP) sobre la obligatoriedad del segundo referendo para la aprobación del estatuto autonómico, y sobre la obligatoriedad del servicio militar como un requisito para ser electa o electo como autoridad indígena en los gobiernos que se conforman, entre algunas de las tareas a corto plazo en el trabajo institucional.
En el caso del tratamiento del proyecto de Ley de Asociativismo de las Autonomías Indígenas, la Asamblea dio un plazo de 15 días para que el Proyecto sea socializado en las bases de las autonomías indígenas. Después de este plazo, el Directorio deberá convocar a una asamblea extraordinaria para trabajar en la aprobación en detalle para su posterior remisión a la Asamblea Legislativa Plurinacional para el respectivo tratamiento.
La presidencia es ocupada por Clemente Salazar, del territorio indígena de Raqaypampa; Aida Gil Melgar, de San Miguel de Velasco (Santa Cruz), fue electa como Vicepresidenta; Petrona Flores Cuarete, por Charazani (La Paz), electa como Secretaría de Actas; Teresa Aruchari Cuellar, del municipio de Huacaya (Chuquisaca), quien ocupa el cargo de Secretaría de Hacienda; Bonifacio Lázaro Mollo, por la nación Uru Chipaya (Oruro), quien ocupa la Secretaría de Comunicación; y Gilberto Apaza Gutiérrez, del Jatun Ayllu Yura (Potosí), en la Secretaría de Género y Generacional.
Salazar, junto al directorio deberá trabajar en el cumplimiento de los mandatos emanados de esta asamblea, entre las que se destacan el continuar la aprobación del anteproyecto de Ley de Régimen del Asociativismo de las Autonomías Indígenas; y de la presentación de un recurso de inconstitucionalidad al Tribunal Constitucional Plurinacional (TCP) sobre la obligatoriedad del segundo referendo para la aprobación del estatuto autonómico, y sobre la obligatoriedad del servicio militar como un requisito para ser electa o electo como autoridad indígena en los gobiernos que se conforman, entre algunas de las tareas a corto plazo en el trabajo institucional.
En el caso del tratamiento del proyecto de Ley de Asociativismo de las Autonomías Indígenas, la Asamblea dio un plazo de 15 días para que el Proyecto sea socializado en las bases de las autonomías indígenas. Después de este plazo, el Directorio deberá convocar a una asamblea extraordinaria para trabajar en la aprobación en detalle para su posterior remisión a la Asamblea Legislativa Plurinacional para el respectivo tratamiento.
