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Foto: http://elsajama.com
En cumplimiento a lo establecido en el Reglamento para Campaña y Propaganda Electoral aplicado en el pasado Referendo Constitucional 2016, el alcalde de Oruro, Edgar Bazán, canceló la multa de Bs. 2.975,60 Bs. por realizar campaña en un acto público, durante la el periodo electoral que tuvo lugar a principios de esta gestión.
La sanción fue impuesta luego de que el Tribunal Supremo Electoral (TSE) evidenciara omisiones al ordenamiento jurídico administrativo, establecido en el artículo 126 de la Ley de Régimen Electoral, y el artículo 40, parágrafos I y II del Reglamento para Campaña y propaganda Electoral, donde se establece que ningún servidor o servidora público deberá realizar campaña o propaganda electoral en actos de gestión pública o utilizando recursos propios.
La Sala Plena del TSE, luego de activar la denuncia de oficio, declaró probada la vulneración, por lo que - de acuerdo a procedimiento - remitió los antecedentes del caso a la Contraloría General del Estado para que sea esta instancia quien determine las responsabilidades que correspondan.
La multa corresponde al 20 por ciento del total del salario mensual percibido por la autoridad edil, porcentaje determinado de acuerdo a responsabilidad administrativa evidenciada por la Contraloría, en consideración de la Ley de Administración y Control Gubernamentales, y aplicada por el Concejo Municipal de Oruro, como máxima autoridad de fiscalización al ejecutivo municipal.
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La Sala Plena del TSE, luego de activar la denuncia de oficio, declaró probada la vulneración, por lo que - de acuerdo a procedimiento - remitió los antecedentes del caso a la Contraloría General del Estado para que sea esta instancia quien determine las responsabilidades que correspondan.
La multa corresponde al 20 por ciento del total del salario mensual percibido por la autoridad edil, porcentaje determinado de acuerdo a responsabilidad administrativa evidenciada por la Contraloría, en consideración de la Ley de Administración y Control Gubernamentales, y aplicada por el Concejo Municipal de Oruro, como máxima autoridad de fiscalización al ejecutivo municipal.
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