En las últimas semanas, por diferentes medios de comunicación y redes sociales, se realizó la difusión de encuestas sobre actores políticos y precandidatos a las Elecciones Generales de este año. Sin embargo, éstas no cuentan con la regulación y fiscalización del OEP.
El Tribunal Supremo Electoral (TSE) fijó el 17 de agosto de 2025 como fecha definitiva e impostergable para la realización de las Elecciones Generales; asimismo, confirmó la celebración del Encuentro Nacional por la Democracia el lunes 17 de febrero, evento que prevé contar con los máximos representantes del Órgano Ejecutivo, Legislativo y líderes de las organizaciones políticas vigentes, con la finalidad de garantizar el normal desarrollo del proceso electoral venidero.
Tras la promulgación de la Ley de Distribución de Escaños (Ley 1614), el Tribunal Supremo Electoral inicia el diseño de la nueva cartografía electoral para las Elecciones Generales 2025.
Con este acto culmina el proceso electoral judicial, proceso que desde el inicio confrontó problemas y ya no hablo de las acciones constitucionales que demoraron la elección por un año, me refiero a otros actos y declaraciones que surgieron a partir del momento en que se emitió la convocatoria por parte del Tribunal Supremo Electoral, en el mes de agosto de 2024. Tales hechos, que pretendieron restarle legitimidad al proceso, fueron, entre otros, los siguientes: