La Ley N° 1096 regula la constitución, funcionamiento y democracia interna de las organizaciones políticas. Respecto a denuncias de infracciones de la dirigencia o militancia, la norma establece que deben ser sustanciadas y resueltas a través de un proceso sumario por la instancia pertinente que determine el Estatuto de los partidos políticos y agrupaciones ciudadanas.
En la gestión 2022, el país fue sede de dos encuentros internacionales propiciados por el Tribunal Supremo Electoral (TSE), con el fin de fortalecer los sistemas democráticos en América Latina e intercambiar experiencias sobre la administración de procesos electorales en la región. Las actividades fueron posibles gracias al respaldo del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD).
Según los datos del Servicio de Registro Cívico (Serecí), dependiente del Tribunal Supremo Electoral (TSE), entre enero y diciembre de 2022 se registraron 8.705 divorcios que fueron resueltos por la vía judicial, en comparación con la gestión 2021, en la que hubo 13.090; en cambio, los datos sobre una separación por acuerdo mutuo, que es el divorcio notarial, no tuvieron una variación muy significativa, ya que en la gestión 2022 sumaron 403 casos y en 2021 llegaron a 442 registros.
En la gestión 2022, el Servicio de Registro Cívico (Serecí) registró 177.058 nacimientos y 56.453 defunciones, lo que suma en total 233.511 registros de hechos vitales, que comprende nacimientos y muertes en todo el país, según se revela en el Informe de Actividades y Rendición de Cuentas de la gestión 2022 del TSE.
El Tribunal Supremo Electoral (TSE), a través del Servicio Intercultural de Fortalecimiento Democrático (Sifde), capacitó en la gestión 2022 a 19.471 personas, la mayoría fueron jóvenes y maestros, quienes pasaron los cursos de manera presencial y virtual.
El Mecanismo de Prevención y Atención Inmediata de defensa de los derechos de las mujeres en situación de acoso y violencia política, conformado por varias entidades del Estado, atendió en la gestión 2022 siete casos de acoso y violencia política contra autoridades electas, en tres de éstos activó medidas de protección para resguardar la vida de mujeres que fueron víctimas de acoso y violencia política.
La revocatoria de mandato es el mecanismo constitucional a través del cual la ciudadanía, mediante sufragio, decide la continuidad o el cese de funciones de las autoridades elegidas por voto, se origina únicamente por iniciativa popular y en una sola ocasión durante la gestión de la autoridad sujeta a revocatoria.